Colau aprueba los presupuestos sin concretar el rol del PSC en el gobierno

A la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por fin se le hizo de día. Tras seis meses de idas y venidas, ya tiene sus presupuestos con los votos a favor de ERC y PSC, a los que se sumó, finalmente, la abstención de la CUP. Los focos, sin embargo, se los llevaron los socialistas. Es bien sabido que Colau, al margen de las cuentas, busca un socio de gobierno para hacerle más llevable su mandato. Por ello, desde hace algún tiempo deshoja la margarita entre PSC y Esquerra. Este extremo fue aprovechado por la oposición para cargar contra el partido que dirige Jaume Collboni por dejar Barcelona en manos de un partido antisistema como la CUP y por las suspicacias que levanta entre los partidos de izquierdas que el PSC vuelva a formar parte del equipo de gobierno.

En cualquier caso, otra de las notas discordantes del pleno extraordinario, de poco más de una hora de duración, fue la intervención inicial del primer teniente de alcalde. Quién más quién menos, confiaba en que Gerardo Pisarello aprovechara para dar detalles sobre el acuerdo presupuestario, con unas inversiones previstas de 275 millones, y en especial sobre el compromiso de suprimir la unidad antidisturbios de la Guardia Urbana. No obstante, se limitó a dar las buenas tardes a los presentes y a agradecer el apoyo a sus tres eventuales socios. Esta circunstancia sirvió para alimentar las especulaciones a propósito de que el acuerdo con la CUP sobre la Urbana va más allá de los antidisturbios. El gobierno municipal, sin embargo, dio la callada por respuesta.

Ante la falta de explicaciones, el pleno se convirtió en un cruce de acusaciones que tuvieron como objetivo al gobierno municipal y el PSC. Incluso la propia CUP aseguró que no avalarán el «continuismo maragallista». ERC tampoco vería con buenos ojos la entrada de los socialistas en el gobierno municipal y su presidente, Alfred Bosch, le recordó a Colau que «ahora deberá escoger con qué compañeros quiere aplicar los presupuestos». «Deberá escoger entre el sueño de las urnas o entre la decepción; entre el futuro o el pasado; entre la política del siglo XXI o la del siglo pasado; entre la nueva política o la vieja; entre la esperanza republicana o aquellos que siempre han mandado en esta ciudad», aseveró Bosch. El líder municipal del PSC le respondió que «en esta ciudad siempre ha gobernado quien ha querido la ciudadanía, pero hoy no es el tema».

El popular Alberto Fernández denunció la falta de ambición de los presupuestos municipales. «Sólo el 9 por ciento de los 275 millones va destinado políticas sociales. ¿Este es el cambio de modelo de ciudad?, se preguntaba. Fernández acusó a Colau de mantenet la misma línea que su predecesor en el cargo y utilizar el Ayuntamiento como “cajero automático» de la Generalitat. Y, para más inri, «ha convertido Barcelona en rehén de la CUP» como también ha hecho el gobierno autonómico. Desde CiU, la portavoz adjunta, Sònia Recasens, advirtió que tras el «bodevil» de las negociaciones «nos deja como única alternativa de gobierno». Y advirtió: “Recuerde que sólo nos separa un concejal. La concejal de Ciudadanos Carina Mejías puso el acento en la solvencia financiera de Barcelona y recordó que el interventor ha realizado hasta tres informes advirtiendo de «los problemas de liquidez y de pago a proveedores» que estas cuentas podrían suponer.

El gobierno municipal, por lo tanto, logró aprobar en pleno extraordinario la modificación presupuestaria con los 20 votos de apoyo de BComú, ERC y PSC, la abstención de la CUP y los votos en contra de CiU, C ‘s y PP.

Las concesiones de Colau

La modificación de crédito aprobada permite ampliar en 275 millones de euros el presupuesto prorrogado. La propuesta inicial del gobierno municipal ha ido sumado las condiciones de las dos formaciones que ha apoyado, ERC y PSC. Los republicanos pusieron sobre la mesa la llegada del L10 del metro en la Zona Franca y el traslado de las cárceles de la Trinitat Vella y la Modelo. Los socialistas consiguieron el compromiso municipal para el cubrimiento de la ronda de Dalt, la pacificación de la Meridiana y la reforma de la calle de Pere IV. La CUP, por su parte, ha arrancado el compromiso de suprimir la unidad antidisturbios de la Guardia Urbana y la puesta en marcha de un carnet de ciudad para que los inmigrantes tengan acceso a los servicios sociales, que ya les da derecho el padrón.