Los registradores presentan una demanda contra la hacienda catalana

La Generalitat quiere que su agencia tributaria sea la encargada de gestionar los impuestos.

Los registradores de la propiedad han cumplido sus amenazas y han presentado una demanda por la vía contencioso-administrativa contra la Agencia Tributaria de Cataluña. A su juicio, el organismo recaudador incumplirá el convenio sellado con este colectivo para liquidar los principales impuestos cedidos. Al fin y al cabo, kis registradores llevan 30 años liquidando los tributos cedidos a la Generalitat como el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentales (ITPAJD).

La demanda, según Efe, se presentó el martes con la esperanza de que el Govern cumpla el convenio en vigor, que vence el 31 de octubre. La Generalitat, sin embargo, quiere precipitar su propia hacienda y el 1 de septiembre comenzará a gestionar los mencionados impuestos. Por ello, en la demanda, los registradores piden «la nulidad del desestimiento de anticipo», es decir, que reclaman a la justicia que impida que la Generalitat cancele anticipadamente este convenio que aún está en vigor. El Colegio, además, denuncia la situación que incertidumbre que viven con el anuncio de la Generalitat de incorporar a la hacienda a sus empleados sin conocer los detalles de la contratación.

«Aquí hay mucha inquietud. Nadie tiene claro en qué condiciones puede hacer el traslado. Y ya les digo que si la ATC no incorpora al menos al 70 o al 80 por ciento de nuestro personal, el sistema no va a funcionar. No hay personal preparado como el nuestro», aseguró en su día el decano del Colegio de Registradores de la Propiedad, Luis Suárez, que no se explica las urgencias si no es porque se les considera como «un cuerpo extraño». Los registradores sostienen que un traspaso con garantías de estas funciones requeriría de una transición de entre 18 y 24 meses, mientras que la Generalitat cree que el 1 de septiembre puede asumir dichas tareas.

La Generalitat, por su parte, sostiene que el acuerdo con los registradores le cuesta unos 27 millones de euros al año y que la Agencia Tributaria de Cataluña, embrión de la hacienda propia que pretende crear el gobierno catalán, puede asumir estas tareas. No obstante, el decano de los registradores afirma que la asunción de este servicio costará anualmente al Govern unos 50 millones de euros, el doble de lo que paga ahora a los registradores. «Nosotros costamos la mitad y recaudamos el doble», concluyó.

La Generalitat ingresó el año pasado un total de 2.880 millones de euros por los impuestos que gestiona, lo que supone un 5,93 por ciento más que en 2015, gracias principalmente a la buena evolución del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Este impuesto aportó en 2016 un total de 1.652,9 millones, un 12,14 por ciento más, por el tirón del mercado inmobiliario, mientras que el de Sucesiones y Donaciones generó unos ingresos por valor de 464,6 millones, un 4,10 por ciento menos.