La hora de una educación común para todos

El Gobierno, en el marco de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, que se antoja inevitable ante la actitud de la Generalitat, prepara un paquete de medidas para reconducir la situación educativa en Cataluña, al menos, en dos aspectos: el cumplimiento de las sentencias judiciales sobre la enseñanza en castellano y la detección de los casos de adoctrinamiento ideológico de los alumnos para su inmediata corrección. Sin embargo, todos los expertos están de acuerdo en la dificultad de alcanzar ambos objetivos si la Alta Inspección del Estado para la Educación sigue siendo un simple servicio ministerial sin estructura orgánica, funcionarios de carrera asignados y, sobre todo, capacidad sancionadora. Hasta ahora, la Alta Inspección, creada en 1985, no ha sido más que una ficción. Con sólo cuatro personas asignadas al servicio, imposibilitadas además de actuar e investigar sin permiso, en el caso que nos ocupa, de la Consejería de Educación catalana, los distintos gobiernos nacionalistas han diseñado un modelo educativo que hace hincapié en la diferenciación como entes de igual rango de Cataluña y España. Sin duda, será una tarea ardua corregir una deriva que parte de la Logse, aprobada en 1990, y que también afecta a otras comunidades autónomas, pero se trata de una labor improrrogable. Y hay que comenzar por hacer de la Alta Inspección un verdadero Cuerpo del Estado.