Transparencia sindical

El escándalo de los ERE de la Junta de Andalucía, la mayor trama de corrupción de dinero público en la historia de la democracia española, no se habría producido sin la connivencia y la colaboración necesaria de los dos principales sindicatos, UGT y CC OO, cuyos responsables avalaron la desviación de fondos destinados al desempleo mediante procedimientos irregulares. La cuantía del fraude así como su duración demuestran que la trama corrupta actuaba con total impunidad y con plena conciencia de que no tendría que rendir cuentas ante ningún organismo de vigilancia o control. No se trata de conductas aisladas ni de «ovejas negras» que, como el desmesurado ugetista Juan Lanzas, amasaron grandes fortunas al calor de las subvenciones. Lo que prueba el excelente trabajo de la jueza Alaya es la existencia de una «industria» financiera cuyo objetivo real no eran los desempleados sino la obtención de suculentas comisiones. Y para ello era de todo punto imprescindible el concurso de los dirigentes sindicales. Lo que nos remite a uno de los grandes tabúes de la democracia: la opacidad que siempre ha rodeado las cuentas de los sindicatos, quienes en materia fiscal han gozado de una especie de patente de corso y de la permisividad de todo tipo de gobiernos. A pesar de haber recibido miles de millones de euros del erario público (sólo desde que estalló la crisis, en 2008, se han embolsado 1.250 millones), los controles oficiales han sido inexistentes o muy superficiales. Jamás han publicado la ejecución de sus presupuestos ni la liquidación de sus cuentas anuales. Si se hubieran aplicado a sí mismos las normas de transparencia que con gran énfasis han exigido a los demás, es muy probable que el escándalo de los ERE se hubiera abortado desde sus inicios. Más aún, tampoco habría prosperado ese extraño y oscuro negocio de intermediación sindical a costa de los despidos y de las regulaciones laborales que han generado miles de millones de euros en comisiones, tasas y honorarios profesionales. Durante décadas, los sindicatos han alimentado un aparato burocrático cada vez más hinchado gracias a este sistema de financiación opaco y sin control, amén de las subvenciones oficiales recibidas por muy diferentes conceptos. Por todo ello, se hace imprescindible que la nueva Ley de Transparencia que prepara el Gobierno incluya a los sindicatos en el mismo capítulo que a los partidos políticos, de modo que sean sometidos a estrictos controles contables y financieros. Será muy ilustrativo saber cómo se financia realmente la burocracia sindical, cuánto recauda de sus afiliados, cuánto de las administraciones públicas (sobre todo de las gobernadas por el PSOE) y cuánto de sus negocios de intermediación y asesoría. Luz y taquígrafos, también para los sindicatos.