Ventajismo político en el Congreso

La primera sesión de la comisión del Congreso que investiga la financiación irregular del Partido Popular ha confirmado los peores augurios. No sólo es un ejercicio vano de acoso político al partido del Gobierno –justo un año después de su tercera victoria electoral consecutiva–, sino que carece de la única justificación que podría legitimarla: el deseo sincero de combatir la corrupción pública, allí donde se encuentre. En este sentido, no era preciso que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, advirtiera ayer a sus compañeros del Comité Ejecutivo Nacional de que la comisión ya tiene redactadas sus conclusiones, sin importar lo que puedan decir los comparecientes, porque tanto el fondo como la forma de las intervenciones de los portavoces de la oposición revelan los clásicos contornos del ventajismo político de una causa ya prejuzgada en la que cualquier concesión a la verdad se consideraría un accidente. Tal vez, la única virtud del lamentable espectáculo vivido en el Congreso es que ha desnudado la principal motivación de los impulsores del proceso: la implicación a toda costa de Mariano Rajoy en supuestas prácticas iregulares, pese a que no hay un solo procedimiento judicial abierto en su contra ni existe el menor indicio de que conociera conducta ilícita alguna. La estrategia es tan puerilmente diáfana que ante los silencios del primer compareciente, Luis Bárcenas, a quien, pese a la insistencia, no consiguieron arrancar declaración acusatoria alguna contra el presidente del Gobierno, la portavoz del PSOE, Isabel Rodríguez, declaró la existencia de un pacto previo entre ambos, acusación espuria que retrata el desprecio a la verdad de quien se supone representante de la soberanía nacional. Cabe preguntarse si no ha habido una instancia que pudiera impedir tamaña manipulación de una de las principales instituciones del Estado, como es el Congreso, convertido en el escenario de un mitin interminable que sólo busca el desgaste electoral y político del adversario. Si una comisión sin límite temporal, sin objeto de investigación determinado y que toma la forma de una «causa general» irrestricta puede considerarse lícita. Si es legítimo que el poder legislativo interfiera en las causas judiciales abiertas, reproduciendo, incluso, actuaciones procesales que ya han decaído o que respondían a la cambiante estrategia de defensa de los acusados. Ni todo vale en política ni la aritmética de los votos da derecho a demonizar impunemente al adversario. El Partido Popular ha pedido amparo al Tribunal Constitucional ante lo que, con razón, considera un atropello y una utilización indeseable de las instituciones públicas. Sin duda, habrá tiempo de sobra para que los jueces decidan, una vez que, como denunciábamos en nuestra edición de ayer, la pretensión de PSOE, Ciudadanos y Podemos es alargar todo lo posible este remedo de proceso inquisitorial contra el Partido Popular, para hacer coincidir las previstas conclusiones con la próxima convocatoria de elecciones generales. No es posible, sin embargo, predecir cuáles serán a largo plazo los efectos esta estrategia de acoso sobre las expectativas electorales del PP y si el éxito evidente de la recuperación económica será suficiente para contrarrestar el discurso de la corrupción, que tanto incide en la opinión pública. Pero, como también hemos señalado, no hay que descartar que el espectáculo de una comisión ausente de buena fe procesal y la exageración del relato maniqueo del «partido más corrupto de Europa» pueda tener un efecto boomerang sobre una ciudadanía cada vez más alerta ante las manipulaciones de los políticos.