El Supremo insta a los colegios a implantar protocolos de detección de abusos sexuales a menores

El Supremo incide en que estos protocolos son “una herramienta sumamente eficaz, cuya mayor y mejor plasmación se verifica en los centros escolares.

El Tribunal Supremo ha llamado la atención para que se implante en los colegios protocolos de detección de abusos sexuales a menores, ya que éstos guardan silencio por el miedo a las represalias y aceptan la victimización hasta que los hechos son detectados por responsables de un centro escolar, o por La denuncias de amigos o amigos de la víctima ante sus propios profesores.

En este sentido, la Sala Penal del Supremo incide en que estos protocolos son “una herramienta sumamente eficaz, cuya mayor y mejor plasmación se verifica en los centros escolares, que es en donde los menores víctimas de delitos sexuales pueden contar en su intimidad a sus amigos la situación de la que están siendo víctimas, lo que en casa se niegan a contar por miedo o vergüenza. Y en este escenario los responsables de los centros escolares se encuentran en mayor disposición real de poder detectar el abuso sexual que en otro contexto personal o social”.

La Sala afirma que los expertos en abuso sexual a menores suelen hablar de que la carencia de estos protocolos internos explica en gran parte que “se puede llegar a ser cómplice involuntario del abuso, al no haber dado una respuesta adecuada al problema que en un centro escolar, o centro deportivo a donde acude el menor”.

Estas consideraciones las realiza el Tribunal Supremo en una sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Vicente Magro, en la que confirma la condena a 16 años de prisión impuesta a un hombre que agredió sexualmente a una escolar de 14 años de forma reiterada a cambio de suministrarle dinero y droga.

Los hechos sucedieron en 2016, cuando dos alumnas de un instituto de Avilés conocieron al condenado en las proximidades del centro escolar. Este les hizo comentarios de cierto contenido sexual, intentó tocar a una de ellas y les dio tabaco y porros. Las dos menores se lo comentaron a la víctima que, entre el mes de noviembre y hasta el mes de diciembre, acudió los días lectivos, casi a diario, a un garaje que tenía el recurrente. Allí abusaba de ella y al marcharse le daba dinero o porros, que la menor compartía con un grupo de su instituto, con el fin de integrarse y ser aceptada en él. Algunos de los miembros de este grupo sabían cómo conseguía la menor tanto el dinero como los porros. Las agresiones sexuales se descubrieron a raíz de la intervención de un orientador del centro escolar al que acudía la víctima.

El Tribunal Supremo indica que en hechos tan graves como los probados los autores se aprovechan de “las condiciones personales de menores para atentar contra su sexualidad, aunque ello pueda provocar daños graves en el desarrollo de la personalidad, lo que no les produce ningún proceso personal de abstención de su conducta, y agrava su responsabilidad penal por el peligro que supone para la sociedad este tipo de conductas que causan un tremendo daño en muchos menores, como ocurrió en este caso”.