Pugna fiscal de presidentas

Por Carlos Navarro Ahicart

Desde hace un par de semanas, estamos presenciando un auténtico enfrentamiento entre ciertos presidentes de Comunidades Autónomas de nuestro país alrededor de la política fiscal de cada una de las regiones. Una persona con dos dedos de frente pensaría que están inmersos en una pugna por ver qué Comunidad es capaz de atraer más inversión mediante la bajada generalizada de impuestos de competencia autonómica, ¿cierto? ¡Pues nada que ver con eso! Se trata de un juicio moral de presidentes socialistas a las medidas adoptadas por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

La más beligerante en este aspecto ha sido Susana Díaz, presidenta de Andalucía y la lideresa en la sombra del PSOE. Sus ataques a Cifuentes y su rebaja de impuestos sobre el patrimonio y sucesiones han sido intensos y no ha dudado en calificar a Madrid de “paraíso fiscal” (sí, hasta ahí llega la ignorancia y la bravuconería de algunos) que ejerce una competencia desleal con el resto de Comunidades Autónomas de España. Por supuesto, y como era de esperar, las palabras de Díaz han recibido respuesta por parte de la presidenta madrileña, que ha instado a su homóloga andaluza a bajar los impuestos a los andaluces “si quiere armonizar” entre autonomías.

Lo que resulta curioso, más allá de este singular capítulo, es que ha salido a relucir una lamentable realidad: bajar impuestos y liberalizar la economía es visto como un ataque al “bien común”, mientras que mantener economías autonómicas hiperreguladas y con presiones fiscales excesivas que ahogan al ciudadano medio es algo aceptable y deseable, según algunos. Y eso resulta enormemente revelador a la hora de analizar por qué España es un país mayormente socialdemócrata en el que el estatismo campa a sus anchas sin denuncias importantes por parte de la sociedad civil.

Como bien replicó Cifuentes a Díaz, si lo que los presidentes socialistas quieren es “armonizar” políticas fiscales entre Comunidades Autónomas, lo que deberían hacer es subirse al carro de las rebajas de impuestos y la desregulación, aunque sea por probar algo distinto a lo que llevan haciendo durante años, que ha demostrado ser un sistema totalmente fallido. Es esencial que los gobiernos regionales adopten medidas liberales en materia fiscal y económica y que el modelo de Estado avance hacia una descentralización cada vez mayor que dote de más competencias en este aspecto a las autonomías. Lo que no tiene sentido es que tengamos que financiar varios niveles de la Administración y que todos ellos se dediquen a sacar dinero del bolsillo del ciudadano en un evidente afán recaudatorio.

Este artículo, dicho sea de paso, no trata de ser un elogio a la política de Cifuentes (bien es sabido que no es santo de mi devoción), sino un llamamiento al sentido común y a la evidencia empírica: cuanto más bajos estén los impuestos y cuantas menos regulaciones haya, más inversión llegará a la región, mayor será el crecimiento económico y, por ende, la calidad de vida de los ciudadanos.