Bruselas

Bruselas expedienta a España por las cláusulas abusivas

La Comisión Europea abrió hoy un procedimiento de infracción contra España para que adapte a la legislación comunitaria su normativa sobre la ejecución hipotecaria y las órdenes de pago

Plataforma de Afectados por las Hipotecas se manifiestan ante el Ayuntmaiento de Madrid.
Plataforma de Afectados por las Hipotecas se manifiestan ante el Ayuntmaiento de Madrid.larazon

La Comisión Europea ha iniciado este jueves un procedimiento de infracción contra España por no haber trasladado de manera adecuada a su legislación nacional las normas europeas para proteger "plenamente"al consumidor de las cláusulas abusivas hipotecarias.

La Comisión Europea ha iniciado este jueves un procedimiento de infracción contra España para que ponga en consonancia con el Derecho de la Unión Europea en materia de consumidores su legislación nacional sobre el procedimiento civil que regula la ejecución hipotecaria y las órdenes de pago.

La actuación de la Comisión pretende garantizar que los consumidores estén plenamente protegidos contra las cláusulas contractuales abusivas. La Directiva relativa a las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores "garantiza que el consumidor no quede vinculado por cláusulas abusivas cuando el contrato no haya sido negociado individualmente".

Una cláusula contractual se considera abusiva si causa un desequilibrio importante entre derechos y obligaciones de las partes y es contraria a las exigencias de la buena fe. Los Estados miembros deben asegurarse de que el Derecho nacional facilita los medios efectivos para hacer valer estos derechos y que las empresas dejan de recurrir a tales cláusulas abusivas.

Si bien la Comisión celebra las modificaciones que introdujeron las autoridades españolas en el procedimiento civil a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en el asunto de Mohamed Aziz de marzo de 2013, le siguen preocupando una serie de cuestiones.

En ausencia de una respuesta satisfactoria de España en el plazo de dos meses, la Comisión podrá enviar un dictamen motivado a las autoridades españolas.