El Consejo de la UE limita el poder de los estados sobre los transgénicos

Los servicios jurídicos del Consejo de Ministros de la Unión Europea (UE) se han pronunciando en contra de la propuesta que había presentado la Comisión Europea, por la que se renacionalizan las decisiones sobre el uso de transgénicos y se da más libertad a los estados miembros para limitar estos productos en sus territorios. El citado servicio considera que la propuesta es difícilmente compatible con las vigentes reglas de mercado único y también choca contra la normativa de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Además, los juristas del Consejo consideran que no hay pruebas de que este nuevo régimen se traducirá en una mejora del funcionamiento del sistema de autorización de los Organismos Modicados Genéticamente (OGM) en la UE. La citada propuesta de la Comisión Europea ha cosechado críticas generalizadas tanto entre los partidarios de los transgénicos como entre los detractores. Los ministros de Agricultura también manifestaron sus dudas durante la reunión del Consejo que tuvo lugar en julio de 2015. Por este motivo pidieron a los servicios jurídicos que realizaran un estudio en profundidad del texto antes de continuar con sus debates.

Las conclusiones del informe han venido a confirmar las reticencias planteadas por las diferentes delegaciones. El Parlamento Europeo ya ha rechazado en bloque la propuesta planteada por la Comisión y la considera inaceptable. Al mismo tiempo, los eurodiputados solicitaron el pasado 16 de diciembre a Bruselas que suspenda las autorizaciones de transgénicos hasta que se haya mejorado el procedimiento de autorización. Si los ministros siguen las recomendaciones del servicio jurídico, el texto inicial se devolverá a la CE para que presente otra nueva.

Mientras tanto, el comisario de Agricultura continúa adelante con sus proyectos para simplificar la PAC. En este contexto hay que situar su propuesta, presentada la semana pasada, para reducir las sanciones financieras aplicadas a los agricultores por errores en la declaración de sus superficies. En un encuentro con la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, recalcó que, de acuerdo con la normativa actual, las penalizaciones se calculan en función de diversos criterios y pueden alcanzar dos veces el valor de la ayuda por las superficies declaradas en exceso; según el proyecto de Phil Hogan, en adelante no podrán ser superiores a 1,5 veces ese valor en los estados miembros en los que el sistema de gestión y de control haya demostrado su eficacia.