Convenios colectivos

Las navieras desvían sus buques pese al fin de la huelga

Un mercante de Hong Kong renuncia a atracar en España la próxima semana. Competencia expedienta a la estiba en el puerto de Vigo.

El buque Seaspan Felixstowe viajará directamente desde Italia a EE UU sin pasar por España, como estaba previsto
El buque Seaspan Felixstowe viajará directamente desde Italia a EE UU sin pasar por España, como estaba previstolarazon

Un mercante de Hong Kong renuncia a atracar en España la próxima semana. Competencia expedienta a la estiba en el puerto de Vigo.

La paz momentánea alcanzada entre los estibadores y el Gobierno no ha logrado devolver la normalidad por completo a los puertos españoles. Pese a que se ha desconvocado la huelga prevista para la próxima semana tras retrasar el Ministerio de Fomento la reforma del sector, algunas navieras no confían demasiado en que la calma vaya a mantenerse. Por ello, continúan desviando barcos para evitar pasar por nuestro país, temerosas de que el conflicto pueda recrudecerse si finalmente no se alcanza un acuerdo.

Este es el caso por ejemplo del barco mercante Seaspan Felixstowe, con bandera de Hong Kong. Fuentes portuarias confirmaron a LA RAZÓN que este buque de 260 metros de eslora ha cancelado las dos escalas que tenía previstas en puertos españoles para la próxima semana. En concreto, debía llegar desde Génova (Italia) hasta Barcelona el lunes, día en el que en principio iba a dar comienzo la huelga de estibadores. Desde la Ciudad Condal iba a navegar hasta Valencia el miércoles 22, supuesto segundo día de paros en los puertos. Tras su cambio de itinerario viajará directamente hasta Fort Lauderdale (EE UU), al norte de Miami.

Mediación de fomento

Pese a todo, ambas partes se mostraron ayer dialogantes de cara a alcanzar un pacto que satisfaga a los estibadores y al Gobierno. En este sentido, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, se ofreció a mediar entre la patronal y los sindicatos de estibadores si se lo piden, pues el Ministerio no participará directamente en las nuevas negociaciones. Además, insistió en que ve margen para incorporar en la negociación colectiva peticiones de los trabajadores que no se pueden incluir en un real decreto ley.

Para el ministro, la subrogación de un empleado (garantizar los actuales puestos de trabajo) no se puede poner en un real decreto, y recordó que la sentencia de la Unión Europea que ha obligado a la reforma del sector impide mantener que las empresas sólo puedan contratar a los estibadores incluidos en determinados registros. En declaraciones a la Ser, pidió «responsabilidad» a la oposición para que, llegado el caso, convaliden el real decreto en el Parlamento. De no hacerlo, España deberá pagar 134.000 euros por cada día que pase sin que se adapte la regulación del sector a la normativa europea, que se sumarían a los 21 millones de euros de sanción que ya acumula España hasta el momento.

Un nuevo frente se abrió ayer al conflicto en el sector de la estiba, después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) haya abierto expediente sancionador a varias empresas y sindicatos del Puerto de Vigo por posibles prácticas restrictivas de la competencia. La infracción consistiría en un pacto extraestatutario, firmado por estas entidades en 1996, para la regulación de las relaciones laborales en la estiba en el puerto gallego, cuyos ámbitos personal y funcional de aplicación «desbordarían el ámbito propio reservado a las labores de estiba portuaria».

Las conductas analizadas tienen su origen en la información remitida a la CNMC por parte de la Autoridad Portuaria de Vigo, según señaló el órgano regulador en un comunicado. Se abre ahora un periodo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su resolución por parte de la CNMC.

En cualquier caso, este expediente podría no ser el último que Competencia abra a la estiba, en un momento que coincide con la polémica generada en torno a la reforma que trata de impulsar el Gobierno del sector para liberalizar la profesión. De hecho, ya fue sancionado en 2009 con algo más de un millón de euros de multa por establecer acuerdos que limitaban la competencia.