Las radiales quebradas generarán un beneficio al Estado de 34 millones

La sociedad pública Seittsa asumirá su gestión el 15 de enero de 2018.

Aunque estén quebradas, las nueve autopistas de peaje de segunda generación ahora en liquidación cuya gestión asumirá el Estado en 2018 son rentables. Fomento calcula que, una vez que asuma su gestión a través de la sociedad pública Seittsa, reportarán un beneficio a las arcas públicas de 34,4 millones de euros. Así se recoge en el anexo del convenio firmado el pasado 16 de agosto entre el ministerio y esta empresa que regula la gestión de estas vías y que publica hoy el BOE. Aunque soportan una deuda que ronda los 3.400 millones de euros derivada de los sobrecostes por las expropiaciones, las vías llevan tiempo siendo rentables gracias a la recuperación del tráfico que han experimentado en los últimos años una vez superada la crisis.

Según el convenio, el Estado, a través de Seittsa, asumirá la gestión de ocho de estas vías -R-2, R-3, R-5, R-4, autopista eje aeropuerto, autopista Ocaña-La Roda, Circunvalación de Alicante y autopista Cartagena-Vera- el 15 de enero de 2018. La gestión de la autopista Madrid-Toledo será publica a partir de abril de 2018.

Cuando se haga cargo de las vías, Seittsa asumirá las obligaciones que ahora tienen sus actuales concesionarias, tales como la conservación, la gestión de las zonas comerciales o el mantenimiento de los niveles de servicio que hubiera definidos en los contratos de concesión. También asumirá, vía subrogación, a los 700 empleados que tienen las autopistas. Entre sus atribuciones también figura elaborar los estudios de viabilidad y los pliegos necesarios para la posterior relicitación de las vías, que volverán a ser entregadas a un concesionario privado antes de que finalice el año.

Las prisas del Gobierno por deshacerse de la gestión de las vías el mismo ejercicio que asumirá su gestión tienen que ver con la contabilidad nacional. En el momento que asuma su gestión, se fijará por ley la responsabilidad patrimonial de la administración (RPA). Se trata de una compensación recogida en los contratos que el Estado debe pagar a las actuales compañías privadas que gestionan las vías por la resolución anticipada de la concesión. El desembolso que las arcas públicas hagan en concepto de RPA computará directamente como déficit, por lo que el Gobierno quiere relicitar en el mismo año las autopistas para ingresar fondos con los que amortiguar el impacto de la indemnización.

La RPA mantiene enfrentadas a las concesionarias actuales y a Fomento. Mientras que las empresas la elevan incluso por encima de los 5.000 millones, el Estado cree que no llegará ni a la mitad. Se da por sentado que la cantidad inicial que se fije será recurrida en los tribunales y que se iniciará entonces una larga batalla judicial. El Estado también deberá abonar 550 millones en concepto de préstamos participativos que serán incobrables tras la liquidación de las vías.