Los presupuestos, a la espera de Cataluña

Las consecuencias económicas del proceso de independencia catalán no sólo se han materializado en una mayor incertidumbre sobre el conjunto de la economía nacional y, muy especialmente, en la salida masiva de sedes sociales desde Cataluña al resto de España. Perjuicios que, de acuerdo con el propio Gobierno, obligarán a rebajar la previsión de crecimiento para el próximo ejercicio. Otro efecto, acaso menos directo y visible, es que de momento nos hemos quedado sin Presupuestos Generales del Estado para 2018. A la postre, la respuesta del Ejecutivo central a la crisis catalana ha espoleado a los nacionalistas vascos a distanciarse del PP: y sin el PNV, lo único parlamentariamente posible es prorrogar las cuentas de 2017.

En principio, deberíamos estar ante una noticia bastante negativa. No en vano, la evolución del saldo presupuestario durante la primera mitad del presente ejercicio no ha sido para descorchar champán. Y es que el déficit del conjunto de las administraciones públicas entre enero y junio se ubicó en el 2,15% del PIB. La Administración Central y la Seguridad Social fueron responsables del equivalente a 1,59 puntos del PIB, mientras que las autonomías los fueron de 0,72 puntos; por el contrario, las corporaciones locales compensan sendos agujeros con un superávit de 16 centésimas de PIB. O dicho de otra manera, y dado que el objetivo de déficit para el conjunto de 2017 es el 3,1% del PIB, a mediados de año ya habíamos agotado el 70% de todo nuestro margen de nuevo endeudamiento. Además, esta insuficiente reducción del déficit para 2017 se está fraguando por el lado de los ingresos, y no por el de los gastos: la recaudación del conjunto de las administraciones públicas creció durante el primer semestre de este año en 9.300 millones de euros frente al mismo período del año anterior; en cambio, los gastos se incrementaron en 300 millones.

Por tanto, unos nuevos presupuestos para 2018 deberían venir caracterizados por dos rasgos ausentes en los de 2017: una mayor velocidad en el ajuste del déficit (recordemos que deberíamos cerrar 2018 en el 2,2% del PIB, casi un punto por debajo del 3,1% de hogaño) y una mayor concentración de ese ajuste en el lado de los gastos. Por consiguiente, es desafortunado que no podamos echar mano de la política fiscal para enmendar nuestro rumbo actual. Sin embargo, la auténtica cuestión es: ¿realmente los presupuestos que se estaban elaborando para 2018 seguían esas dos directrices?

No. Las nuevas cuentas del Reino que estaba cocinando Montoro contenían la famosa subida de salarios de los empleados públicos, así como un incremento del gasto en obra pública. Asimismo, y en el lado positivo, los presupuestos sí contenían una moderada rebaja tributaria para los salarios inferiores a 17.000 euros anuales y para el IVA del cine. Visto desde este ángulo, la prórroga de los presupuestos de 2017 probablemente contribuya a una mayor disciplina fiscal que los nuevos que se habían venido redactando hasta la fecha (todo lo contrario de lo que viene afirmando el Gobierno cuando sugiere que sin nuevos presupuestos habrá que elevar el objetivo de déficit para 2018).

En todo caso, la estrategia tanto del Gobierno como del PNV ante sus respectivos electorados parece clara: escenificar un distanciamiento hasta que regrese la normalidad institucional en Cataluña y, con posterioridad, recuperar el entendimiento (muy probablemente con alguna cesión adicional ante el PNV) para así aprobar las cuentas de 2018 ya entrado el año. En tal supuesto, la prórroga sería meramente temporal y apenas afectaría a la brecha tributaria que, por desgracia, seguiremos padeciendo el próximo ejercicio aún una década después de arrancada la crisis.