Macri: ... y después del «default», las protestas

Inflación, pobreza y déficit fiscal entre los principales desafíos a los que se enfrenta el gobierno argentino.

«En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa». En seguida, los diputados y senadores, reunidos en una Asamblea Legislativa, se levantaron de sus asientos y provocaron una ovación tras el anuncio del entonces presidente, Adolfo Rodríguez Saá. Sólo dos días habían pasado de la renuncia del mandatario Fernando de la Rúa, causada por un estallido social derivado de una crítica situación económica en la historia del país: más del 50% de la población sumida en la pobreza. La gestión de Rodríguez Saá duró siete días. Fue uno de los cinco jefes del Estado que el país tuvo entre el 20 de diciembre de 2001 y el 2 de enero de 2002. Sin embargo, las consecuencias de aquellas 15 palabras pronunciadas en el Congreso y aplaudidas por buena parte de la clase política argentina se sostuvieron durante más de 14 años.

Este viernes pasado, el Gobierno de Mauricio Macri transfirió 9.352 millones de dólares para pagar a los grupos de inversión dueños de bonos de la deuda externa, llamados en la Argentina «fondos buitres», y declaró el fin del «default». La operación fue confirmada por el juez de Nueva York Thomas Griesa, a cargo de un litigio judicial que los bonistas iniciaron a la Argentina hace más de una década y que culminó con el aviso del dinero recibido. «Se trata de un hito importante para los argentinos, el cierre de una etapa que termina después de más de una década de aislamiento y conflicto», anunció Macri por medio de su cuenta en la red social Facebook. Días antes, su gabinete colocó bonos en el mercado financiero por unos 15.000 millones de dólares a una tasa cercana al 8%. De ese monto, 9.352 millones, en efectivo, fueron destinados a los «fondos buitres»; el resto, intentará apagar momentáneamente el déficit fiscal del país, una de las principales preocupaciones que deberá afrontar tras la salida del «default».

Una nueva era

Macri y su equipo consideran que, a partir de ahora, Argentina comenzará a recorrer una nueva era y recuperará «la credibilidad perdida frente al mundo». Terminar con la disputa legal en los tribunales de Estados Unidos fue una de sus promesas en la campaña que lo llevo a la presidencia tras imponerse en una segunda vuelta al oficialista Daniel Scioli, el postulante que había impulsado la entonces mandataria Cristina Fernández de Kirchner para sucederla.

«Con esta operación, Argentina logrará volver a los mercados de crédito para financiar parte de su programa económico», explicó la economista Mariana dal Poggeto. El ingreso de divisas permitirá al país tranquilizar el tipo de cambio que rige la relación peso-dólar. Sin embargo, ese efecto no será suficiente para darle dinamismo a una economía en recesión, con un nivel de inflación que podría llegar a 36% a fin de año, 13 millones de habitantes (34% del país) en la pobreza y 100.000 trabajadores despedidos de sus empleos en sólo cuatro meses, tanto en el sector público como privado. A este panorama se le suma que el déficit fiscal (relación entre ingresos y gastos) representa el 4,8% del Producto Bruto Interior (PBI) argentino, una cifra cuya reducción no se logrará únicamente con tomar deuda a bajo costo, sostuvo Dal Poggeto. ¿Es para festejar la salida del «default»? El ex ministro de Economía Roberto Lavagna (2002-2005) mantuvo que en 2005 y 2010 Argentina logró reestructurar su deuda externa logrando una quita en el monto. «Ésta última implicó aumentar la deuda. El festejo de los actuales funcionarios fue bastante tonto. Salir del «default» pagando lo que se pagó», criticó el economista.

Macri afrontará en pocos días la primera y masiva jornada de protesta en contra de su gestión. La convocatoria corre a cargo de las cinco centrales gremiales en las que están enrolados los trabajadores argentinos, al menos los que se encuentran registrados bajo la ley laboral. Más del 30% de la población económicamente activa cumple tareas en el llamado «mercado informal del trabajo», por lo que no tiene beneficios previsionales ni de atención médica fuera del ámbito estatal. Están «en negro», como se conoce en la Argentina.

Según estimaciones de consultoras privadas, sindicatos y empresas, desde el inicio de la administración Macri fueron despedidos de sus trabajos unos 100.000 argentino, casi 1.000 por día, tanto en el sector privado como en el público. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, destacó que el índice de creación de empleo del último mes rondó el 0,4%, una cifra insuficiente para absorber a los nuevos desempleados. Los sindicatos impulsaron entonces una ley para elevar al doble la cifra en concepto de indemnización a los despedidos. Macri, sin embargo, anunció que vetará la norma.

Un país más pobre

Este panorama, indicó el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), originó en el país un aumento de la pobreza, que abarca al 34,3% de los habitantes. El Estado argentino no difunde estadísticas oficiales de la pobreza desde finales de 2013. El ex ministro de Economía del kirchnerismo Axel Kicillof aseguró que tener registros de ese tipo significaba «estigmatizar a los pobres». Se espera que recién entre septiembre y octubre próximos el Gobierno tenga datos de ese tipo, clave para el diseño de políticas públicas y la adopción de medidas de largo plazo. Las exportaciones dejaron de crecer hace una década, el consumo de la población se estancó desde 2015 y las tarifas de los servicios públicos se incrementaron hasta 300% en febrero último. La nueva etapa de la Argentina, como asegura el presidente Macri, parece un camino de recorrido complejo.