Objetivo 2018: rebajar el IRPF y reducir el déficit

El Gobierno necesita el apoyo de Ciudadanos para aprobar el techo de gasto y comenzar a planificar las cuentas del próximo año. Y, por ello, ha acordado con el partido liderado por Albert Rivera una bajada del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para determinados colectivos.

La rebaja fiscal no estará reñida con el cumplimiento de los objetivos de déficit. Y para compatibilizarla existen varios mecanismos. A falta de concretar los detalles de la fórmula mediante la que se materializará, se ampliará la exención de cotización para que quienes ganen menos de 14.000 euros no paguen IRPF en 2018. Es decir, que si actualmente los trabajadores que declaran rentas del trabajo inferiores a los 12.000 euros anuales están exentos de pagar IRPF, la propuesta pasa por elevar ese umbral en 2.000 euros. Gracias a esta medida, que tendría un coste superior a los 750 millones de euros, casi un millón de contribuyentes podrán ahorrarse hasta 800 euros, según los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

Además, Rivera adelantó una rebaja impositiva para el tramo comprendido entre los 14.000 y los 17.500 euros, y una devolución de 1.200 euros para las familias con personas con discapacidad o mayores a cargo. En total, unos 3,5 millones de españoles podrían beneficiarse de un alivio fiscal, estimado en unos 2.000 millones de euros, que no se generalizará hasta que España salga del procedimiento de déficit excesivo en el que se encuentra inmersa. Sin embargo, el objetivo es una bajada generalizada de los tipos de gravamen en 2019.

¿Cómo lograrlo?

La ayuda a los mileuristas se canalizará a través de reducciones en los rendimientos del trabajo. Y a los colectivos vulnerables, mediante determinadas deducciones. No obstante, LA RAZÓN ha consultado con distintos expertos sobre la forma de aplicar las rebajas en el IRPF sin comprometer los objetivos de déficit, fijados por la Comisión Europea en el 2,2% del PIB para 2018 –en el 1,3% del PIB para 2019 y en el 0,5% del PIB para 2020–.

Ransés Pérez, inspector de Hacienda del Estado, asegura que el primero de los mecanismos pasaría por recortar el gasto público. Otra posibilidad sería compensar la bajada del IRPF con subidas del resto de la imposición -Ciudadanos propone homogeneizar el Impuesto sobre Sucesiones–. Asimismo, afirma que la introducción de impuestos medioambientales, como insinuó el Gobierno en diciembre, sobre las bebidas azucaradas remediaría la pérdida de recaudación del IRPF. Y agrega que también se podría recurrir a incrementar los ingresos por la vía de endurecer la lucha contra el fraude, «aunque este mecanismo únicamente es posible a largo plazo, pues a corto resulta difícil incidir en una mejoría palpable».

En cualquier caso, la bajada del IRPF será selectiva e implicará beneficios fiscales que supondrán estímulos económicos para generar más riqueza y, por tanto, más ingresos. Pérez explica que si se estableciera una deducción sobre las inversiones, por ejemplo, aumentaría el IVA derivado de la compra del bien y generaría mayores beneficios, tanto en el vendedor como en el comprador.

Igualmente, recuerda que los incentivos en el IRPF a la contratación de personal supondrán un salario que tributará en el IRPF del empleado y que una posible deducción sobre gastos domésticos se podría compensar con mayores cuotas de Seguridad Social y que incluso ayudaría a aflorar economía sumergida. «Tampoco faltan economistas, y Montoro es uno de ellos, que afirman que una bajada del IRPF y de Sociedades puede abaratar las cargas de las empresas y permitirles ser más eficientes, aumentando sus beneficios y, por ende, su tributación. Aunque esto no siempre se produce. Y menos a corto plazo», apostilla.

Por su parte, Lorena Lechuga, investigadora del «think tank» Civismo, sostiene que la forma de bajar el IRPF sin comprometer los objetivos de déficit sería incrementando las deducciones y los mínimos exentos por tenencia de hijos, discapacidad y cuidado de ascendientes mayores. De esa manera, la pérdida de recaudación resultaría menor que si se bajaran los tipos y el impacto sobre la renta disponible de las familias se traduciría en más consumo y ahorro, dinamizando la actividad económica. Esta fórmula, que va en línea con las negociaciones que se encuentran en marcha, iría en sentido opuesto al del «complemento salarial» que recogía Ciudadanos en su programa electoral y que, en realidad, funcionaría como una desgravación fiscal, pero que por su cuantía –en torno a los 5.000 millones– haría peligrar los objetivos de déficit. Sea como sea el mecanismo mediante el que se articule la rebaja, «para equilibrar la pérdida de recaudación en el corto plazo, debería estar ligado a un recorte del gasto público equivalente. El problema es que el ‘‘techo de gasto’’ plantea un aumento del mismo». Respecto a las posibles deducciones, Lechuga opina que elevar entre 1.500 y 2.000 euros el mínimo personal, y entre 1.200 y 1.500 euros los mínimos por hijos y padres mayores o con discapacidad, «no provocaría una fuga de recaudación que pudiera comprometer los objetivos de déficit».

Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas, destaca que la reducción del IRPF sería compatible con el mantenimiento de los objetivos de déficit siempre y cuando el crecimiento del PIB fuera suficientemente vigoroso. Aun así, admite que la bajada introducirá una dificultad extra para cumplir con las autoridades comunitarias, ya que la corrección del desequilibrio presupuestario tiene que ser de 0,9 puntos sobre el PIB. O lo que es lo mismo, de más de 9.000 millones de euros. «La mejora de la actividad económica y una bajada de impuestos aumentará el consumo. Pero no hay que olvidar en qué estado están las cuentas públicas. Nuestra situación sólo nos permite bajadas de impuestos muy tímidas. Toda deducción afectará a la recaudación que se obtiene por el IRPF. Yo incidiría en las deducciones ligadas al ahorro a largo plazo, porque es bueno para los ciudadanos y para la colectividad», añade.

Clemente Polo, catedrático de Economía de la Universidad Autónoma de Barcelona, también piensa que es posible rebajar el IRPF y cumplir el objetivo de déficit acordado con Bruselas. E insiste en que para cuadrar las cuentas siempre se puede aumentar la recaudación de otros impuestos o reducir gastos. De forma paralela, resalta que «hay una certeza que algunos políticos –sobre todo cuando están en la oposición– parecen ignorar: a toda fase expansiva le sigue otra de contracción, difícilmente predecible. Lo deseable es llegar a ese momento con las cuentas públicas en superávit y una deuda relativa muy inferior a la actual». Por ello, advierte de que si se continúan retrasando los ajustes para satisfacer las exigencias de colectivos específicos se corre el riesgo de acabar en urgencias en cuanto se debilite el crecimiento.

Si como resultado de la rebaja del IRPF se originara una merma en la recaudación de este tributo de 6.000 millones de euros, la pérdida podría recuperarse, en parte, «por el efecto de la mejora de las previsiones de crecimiento, retocando los tipos de los impuestos especiales o recortando otros gastos y aprovechando la reducción en prestaciones a los desempleados», aclara.

TECHO DE GASTO

Junto a los objetivos de estabilidad presupuestaria y a la revisión al alza del crecimiento económico, el Consejo de Ministros del pasado lunes aprobó un aumento del techo de gasto para 2018 de 1.497 millones de euros –hasta los 119.834 millones-, que el martes tendrá luz verde en el Congreso gracias al acuerdo alcanzado entre Hacienda y Ciudadanos.

Más allá de que las mejores perspectivas de crecimiento hacen prever una mayor recaudación fiscal -aunque la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) alerta de que los ingresos no están creciendo al ritmo que estaba previsto en los presupuestos–, que a su vez permitiría acotar el déficit sin necesidad de acometer recortes, implementar nuevas figuras impositivas o subir impuestos al margen del IRPF, el PSOE comunicó que votará en contra del aumento del 1,3% del techo de gasto para 2018. Y entre las razones que esgrime el partido liderado por Pedro Sánchez destaca la pretensión de los socialistas de ampliar los gastos sociales tanto como sea posible, en aras de aplicar su ideario socialdemócrata y reducir las desigualdades a través del gasto público. En Ferraz piensan que es incompatible gastar más, bajar impuestos y reducir el déficit. Y consideran que el acuerdo entre el Gobierno y Ciudadanos para bajar el IRPF, tarde o temprano, implicará recortes para lograr los objetivos presupuestarios, a través de acuerdos de no disponibilidad a final del ejercicio. Y es que para el PSOE los problemas del país no son los gastos, sino que se ingresa menos de lo que se debería, lo que podría poner contra las cuerdas el futuro de las pensiones o las prestaciones por desempleo.

El techo de gasto es una cuestión política. Mientras que los partidos liberales y conservadores tienden a reducirlo, los de izquierdas –que tienen una concepción paternalista del Estado– abogan por ampliarlo lo máximo posible. «Ambas concepciones son legítimas y compatibles con los objetivos de déficit». Sin embargo, la diferencia entre una y otra –explica Pérez– es el esfuerzo fiscal que tiene que aportar la ciudadanía para sufragarlo. En este punto, PSOE y Unidos Podemos, al contrario que PP y Ciudadanos, defienden un decidido aumento del gasto y asumen que debe financiarse. Y el también concejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid asevera que hay margen amplio para hacerlo. Además de destacar que la mejoría de la recaudación podría ser suficiente como para incrementar los gastos, remarca que la presión fiscal en España, del 38% sobre el PIB, resulta inferior a la media de la eurozona, que está en torno al 46% del PIB. «Ello da un margen de 80.000 millones de ingresos adicionales, que se podrían obtener al equiparar nuestra presión fiscal con Europa».

Déficit autonómico

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) aprobó el viernes elevar en una décima, hasta el 0,4%, el objetivo de déficit autonómico para 2018. Montoro quería, así, lanzar un guiño al PSOE. Sin embargo, las comunidades gobernadas por los socialistas votaron en contra del nuevo reparto; salvo Extremadura, que se abstuvo.

La pretensión del Consejo era suavizar los objetivos y permitir a las autonomías una mayor holgura de gasto –recibirán 1.200 millones «extra»-. La anterior propuesta de mantener en el 0,3% el objetivo fue tachada de «ofensiva, demoledora e indecente». Hubo quejas relacionadas con que los objetivos obligaran a un mayor esfuerzo a las comunidades que al Estado –cuya meta queda marcada en el 0,7%-, cuando son las autonomías las que sostienen gastos tan vitales como los de la Sanidad o la Educación.

Pérez opina que «el reparto inicial del déficit aprobado por el Ministerio de Hacienda castigaba a las comunidades». Por ello, ve lógico que la revisión al alza del crecimiento económico implique una flexibilización de los compromisos de déficit en beneficio de las comunidades, y no sólo del Gobierno. «La décima más de déficit que se permitirá supondrá un alivio para muchas autonomías con problemas».

Pich, por su parte, considera que «sería bueno que entre todos intentáramos reducir la teatralidad de unos y otros, y evitar descalificaciones que entorpezcan el debate. El Estado y las Administraciones son vasos comunicantes. El administrado quiere tener buenos servicios, al margen de quién se los preste. Al fin y al cabo, los problemas financieros son de todos», sentencia.