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Cómo combatir la postverdad

El Gobierno ha llevado a cabo en los últimos años una labor diplomática internacional para dejar sin aliados a los separatistas.

  • Pese al cierre de filas de los estados en defender la falta de legitimidad del 1-O, medios internacionales han reflejado los acontecimientos de esta semana de una forma un tanto ambigua
    Pese al cierre de filas de los estados en defender la falta de legitimidad del 1-O, medios internacionales han reflejado los acontecimientos de esta semana de una forma un tanto ambigua

Tiempo de lectura 8 min.

24 de septiembre de 2017. 02:46h

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La semana que viene, la inmediatamente anterior al 1-O, los principales aliados de España en la comunidad internacional escenificarán su apoyo sin ambages al Gobierno de Mariano Rajoy ante el referéndum ilegal en Cataluña. Este respaldo se concretará en dos citas de gran relevancia: la primera, el próximo martes, en la Casa Blanca, donde Rajoy y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, celebrarán una rueda de prensa conjunta en la que se hablará de Cataluña y durante la que se espera que la potencia mundial renueve su compromiso con una España fuerte y unida. La segunda tendrá lugar en Tallinn, capital de Estonia, país al que corresponde este semestre la presidencia rotatoria del Consejo de la UE. Será el viernes cuando en este puerto del báltico los principales líderes de la Unión hagan patente su apoyo, es decir, tan sólo dos días antes de la fecha en la que la Generalitat quiere realizar la consulta.

Estas dos cumbres internacionales protagonizadas por Rajoy vienen a poner el broche final a un trabajo que se ha prologando durante años por parte de la diplomacia española, un trabajo silencioso que, asegurando el bloqueo internacional al proceso soberanista, ha permitido que el escenario actual, aunque dramático dentro de nuestras fronteras, este controlado fuera de ellas; ya que, y en esto coinciden todos los expertos, de haberse producido algún tipo de reconocimiento internacional al referéndum, la balanza se hubiera inclinado peligrosamente del lado de los secesionistas.

Aunque actualmente se encuentra algo apartado del ojo del huracán político desatado por el referéndum ilegal, fue José Manuel García Margallo quien, durante sus cuatro años al frente del Ministerio de Exteriores, sentó las bases y monitorizó el trabajo que llevaban a cabo las embajadas en las principales capitales del mundo para contener los efectos de las maniobras del bloque secesionista. «Nunca ocurre lo imprevisto, sino lo que no se ha pensado». La cita, que pertenece a Keynes, se la apropió Margallo para guiar los esfuerzos desde Exteriores. «Las cosas se preparaban muy bien. Ha habido una diplomacia muy activa en la que se preparaban muy bien los argumentos. Nos reuníamos todos los viernes. Tenía acceso a todos mis colegas y veíamos este tema día tras día y semana tras semana», reconoce Margallo al ser preguntado por LA RAZÓN sobre aquellos años.

Pieza fundamental en la estrategia llevada a cabo por Exteriores fue el argumentario «Por la convivencia democrática», un documento de 210 páginas que fue remitido a 118 embajadas bilaterales, once multilaterales y más de 90 consulados españoles repartidos por todo el mundo. Basado en la campaña «Stronger Together» –la exitosa campaña puesta en marcha por David Cameron para preparar el referéndum sobre la independencia de Escocia de 2014– el documento de Exteriores desmontaba pormenorizadamente y con datos, las medias verdades o abiertas falacias con las que el bloque independentista intentaba «vender» el referéndum. El argumentario de Margallo, que tardó doce meses en redactarse, se convirtió durante todos estos años en una suerte de «biblia» a la que acudían los miembros del cuerpo diplomático en los cinco continentes.

«Nosotros tenemos varios activos», explica el ex titular de Exteriores a este diario, «El principio de la integridad territorial es defendido por todos los países del mundo. Yo lo defendí en una resolución en la Asamblea General de Naciones Unidas que fue aprobada por unanimidad por los 193 países. Luego hubo otra resolución estando nosotros en el Consejo de Seguridad, en la que se decía que el referéndum que se llevó a cabo en Crimea y Sebastopol no tenía efectos jurídicos y no podía alterar ni el estatus de Ucrania ni sus fronteras reconocidas. Siempre hemos jugado con el viento de popa porque toda la legislación internacional nos ampara». Además, el artículo 4 de Tratado de la Unión habla también del principio de la integridad territorial. Todo ello ha contribuído a formar un clima a favor ya que nadie quiere secesiones unilaterales. En cuanto a gestiones diplomáticas concretas con países determinados, Margallo es discreto: «La respuesta diplomática concreta es una tema del que no puedo hablar porque es un asunto interno», dice.

Exteriores trabajo codo con codo con Presidencia del Gobierno, verdadero centro neurológico desde el que se dirigía todo lo relacionado con el órdago de la Generalitat. Fuentes gubernamentales confirmaron a este diario que una de las piezas fundamentales en la maquinaria administrativa que se encargaba de lidiar con este problema fue precisamente Alfonso Dastis, actual ministro de Exteriores y, en aquel entonces, Embajador permanende España ante la Unión Europea. El éxito de Dastis a la hora de lograr declaraciones claras de las instituciones europeas en los momentos precisos fue decisivo a la hora de concederle la cartera de Exteriores en noviembre de 2016. Las declaraciones de la UE durante todo el proceso han sido de dos tipos. Unas genéricas en las que se decía que el problema era de orden interno y se remitía al orden constitucional español. En otras ocasiones se trató de declaraciones de carácter absolutamente explícito en el que se decía que el abandono de un territorio supone la expulsión de la comunidad europea y que si se producía una secesión ilegal se debería llevar a cabo todo el proceso de incorporación que tiene que ser aprobado por unanimidad por todos los estado miembros.

«En las relaciones entre estados», explican fuentes de Moncloa, «pasa lo mismo que en las relaciones personales: es hoy por ti y mañana por mi. Cuando eres un socio fiable y que respondes, cuando tienes un problema tienden a atenderte. Cuando se pidió un apoyo explícito a las sanciones contra Rusia por parte de los países que más amenazados estaban (Hungría, Rumanía, etc...) lo hicimos sin vacilar llegando incluso a participar en la escuadrilla báltica. Por eso la sensibilidad fue perfecta cuando pusimos encima de la mesa el problema catalán».

Durante todo el «procés», en el otro lado del terreno de juego estaba el «zar» de la diplomacia catalana, el madrileño Raul Romeva, que ha visitado desde enero de 2016 decenas de países por todo el mundo tratando de internacionalizar el proceso corriendo con todos los gastos las maltrechas arcas de la Generalitat. El último movimiento estratégico del departamento dirigido por el consejero independentista fue enviar a embajadas y cancillerias extranjeras en nuestro país un dossier explicando el «legitimo Derecho a decidir de Cataluña» a los diplomáticos destinados en España. El informe fue elaborado por un panel de expertos liderados por Nicolas Levrat, de la Universalidad de Ginebra, y pagado, un vez más, por la Generalitat.

El resultado de los trabajos de Romeva ha sido nulo ya que no ha logrado el apoyo de ninguna nación extranjera si se exceptúa el dudoso honor de recibir los parabienes del presidente venezolano Nicolás Maduro, pronunciados mientras su país se derrumba por momentos, hecho este que fue comentado en los medios como un siniestro recordatorio de lo que podría suceder a Cataluña de persistir el bloque secesionista en su actual deriva.

Pese a todo, el análisis que hace Margallo para los próximos meses tiene tintes sombríos: «Estamos en aguas sin carta de navegación pero no podemos vivir con espectáculos diarios como los que hemos estado viendo. Alguien tiene poner orden y es la sociedad catalana la que tiene que obligar a esto suceda. Los constitucionalistas hemos cometidos varios pecados: el silencio, el abandono del terreno y una nefasta política de comunicación en Cataluña».

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