Jordi Sánchez pide su libertad al TC para «no hacer campaña desde prisión»

Recurre en amparo ante el mismo tribunal ignorado por el frente soberanista

El Tribunal Constitucional vuelve al primer plano de la respuesta judicial al desafío independentista, pero en este caso no por el enésimo incumplimiento de sus resoluciones por parte del frente secesionista, sino porque el presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, recurrió hoy en amparo a la institución por la supuesta vulneración de derechos fundamentales por su estancia en prisión.

Su defensa, que ejerce el abogado Jordi Pina, reclama al TC que, mientras se resuelve el recurso, deje en suspenso la prisión provisional del líder soberanista “para que pueda concurrir en condiciones de igualdad con los otros candidatos” a las elecciones del 21-D y evitar así la “anomalía” de que tenga que “hacer campaña” desde la cárcel.

Sánchez, número dos de la lista de Junts per Catalunya que encabeza Carles Puigdemont, apremia al Constitucional a pronunciarse con la misma “extraordinaria celeridad” con la que “ha resuelto recursos del Gobierno español relacionados con la situación política en Cataluña”.

Según el presidente de la ANC, su estancia en prisión por decisión de la juez Carmen Lamela vulnera su derecho fundamental a un juez ordinario predeterminado por ley, a un proceso con todas las garantías y a la libertad personal. Su letrado anticipa que da este paso para, en caso de no prosperar el amparo, poder acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Sánchez insiste en que la Audiencia Nacional asumió la investigación “en clara vulneración de la normativa procesal” y en contradicción con un auto de la Sala de lo Penal de ese mismo tribunal que en 2008 rechazó la competencia de la Audiencia para investigar los delitos de rebelión. Su defensa esgrime además un dictamen de un centenar de profesores de Derecho Penal que descartan la competencia de este tribunal.

Asimismo, la defensa del presidente de la ANC reprocha a Lamela que justificase su prisión provisional en causas “no esgrimidas por el Ministerio Fiscal en la vista oral, como el riesgo de fuga o de destrucción de pruebas”, lo que según su letrado impidió a Sánchez ejercer su defensa adecuadamente. En el mismo sentido, cree que la magistrada no justificó suficientemente el riesgo de fuga, de destrucción de pruebas o de reiteración delictiva en los que fundamentó la privación de libertad de Sánchez. Y trae a colación la opinión del magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada, que se opuso a que el líder independentista siguiera en prisión -en contra del criterio de la Sección Segunda- porque a su entender los argumentos de la instructora para oponerse a su libertad eran “estereotipos al uso”.

Fuentes del Tribunal Constitucional aseguraron a este periódico que el recurso de Sánchez aún no consta como formalmente presentado en el registro del TC.