Las víctimas recurren el permiso a «Txapote» para visitar ayer a su padre

Dignidad y Justicia, con el aval de Mari Mar Blanco, se queja de que el juez no les informó.

El etarra Javier García Gaztelu, «Txapote», ex jefe «militar» de la banda terrorista, salió ayer de prisión para visitar durante una hora en Basauri (Vizcaya) a su padre enfermo gracias a un permiso extraordinario concedido por la Audiencia Nacional que ha soliviantado a las víctimas. La asociación Dignidad y Justicia (DyJ) ha presentado un recurso de queja ante la Sala de lo Penal del citado tribunal –respaldado por Mari Mar Blanco, hermana del concejal del PP Miguel Ángel Blanco, por cuyo asesinato fue condenado «Txapote»– en el que se queja de que el juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, no les informase de su decisión privándoles de presentar alegaciones en contra de la concesión del permiso.

La asociación que preside Daniel Portero ya recurrió en apelación la decisión del magistrado del pasado 22 de marzo –que autorizó un permiso extraordinario al etarra para visitar a su padre «por la dificultad de movimiento» del progenitor, de 88 años–, pero no fue admitido a trámite porque la concesión del permiso no es recurrible y DyJ no estaba legitimada, en todo caso, para presentar ese recurso.

Pero en el recurso de queja presentado el pasado día 18 –al que ha tenido acceso LA RAZÓN– la asociación de víctimas argumenta que al tratarse de un permiso extraordinario se debió informar a las víctimas, y a las asociaciones que les representan, «para, en su caso, formular las objeciones de seguridad que concurran».

DyJ subraya que «Txapote» no había disfrutado hasta ahora de permiso alguno y que éste se concedió, no por una enfermedad grave de su padre, sino por «su dificultad para andar por su avanzada edad». Además, añade, el juez debió tener muy en cuenta su historial delictivo, «los muertos que lleva a sus espaldas y la ausencia de un mínimo atisbo de arrepentimiento». En definitiva, la asociación de Portero cree que se vulneró el derecho de información que asiste a las víctimas del terrorismo, causándoles indefensión.