jueves, 28 julio 2016
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España

Una jueza abre diligencias por la denuncia contra Errejón por estafa

  • Advierten de la «posible existencia de una infracción penal» por los pagos que recibió de Podemos cuando trabajaba para la Universidad de Málaga

Errejón, en una foto de archivo
Errejón, en una foto de archivo
Efe

Un juzgado de Málaga ha abierto diligencias al apreciar «la posible existencia de una infracción penal» en la querella presentada por Manos Limpias por estafa y un posible delito contra la Seguridad Social contra el ahora portavoz parlamentario de Podemos, Iñigo Errejón, por compatibilizar en 2014 su trabajo en la Universidad de Málaga, en un proyecto sobre políticas públicas de vivienda –por el que percibió durante nueve meses 1.825 euros brutos mensuales– con las remuneraciones que cobró por sus responsabilidades en el partido de Pablo Iglesias. Errejón solicitó en noviembre de 2014, después de que saliera a la luz la posible incompatibilidad y al ser elegido para formar parte de la dirección de Podemos, su baja en el grupo investigador y la Universidad malagueña le abrió un expediente disciplinario en diciembre de ese año, le suspendió de empleo y sueldo y la inspección concluyó con la propuesta de inhabilitación para trabajar en el futuro en la institución universitaria.

La titular del Juzgado de Instrucción nº 13 de Málaga, Isabel Tobeña (en quien recayó la denuncia planteada en Madrid tras inhibirse los juzgados de Plaza de Castilla), «no estando determinadas la naturaleza y circunstancias» de los hechos recogidos en la querella, procede a practicar las diligencias «esenciales» para precisarlos. Antes de pronunciarse sobre la admisión o no de la denuncia, la magistrada pide a la Fiscalía que se pronuncie al respecto y da diez días de plazo a la asociación querellante para que preste una fianza de 4.000 euros.

En su querella, el abogado de la asociación Pedro Muñoz Lorite recuerda que Errejón firmó un contrato de trabajo a tiempo completo con la Universidad de Málaga el 17 de marzo de 2014 para trabajar en un proyecto de análisis de políticas de vivienda pública, enmarcado en un convenio entre el centro universitario y la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía. El director del proyecto era Alberto Montero, con quien Errejón tenía «una excelente relación», según el querellante, «que se ha ido estrechando con el transcurso del tiempo» en el seno de Podemos. «A pesar de la incompatibilidad para el ejercicio de actividades privadas», continúa el escrito, y la obligación que tenía de desarrollar su investigación en las instalaciones de la universidad en una jornada semanal de 40 horas, realizó «trabajos remunerados» para Podemos mientras seguía cobrando de la universidad, incumpliendo según Manos Limpias los términos del contrato (Errejón admitió que realizó esas tareas sobre todo desde Madrid y que no solicitó permiso al centro para la exención).

Para Manos Limpias, Errejón pretendió «apropiarse de una fuente de ingresos constituida de dinero público dirigido por la Junta de Andalucía a la investigación», pues «al menos desde febrero de 2014 subyace una relación laboral por cuenta ajena encubierta».

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