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Los 10000 liberados sindicales le cuestan al país 500 millones

UGT y CC OO se reparten el 80% de los delegados exentos de trabajar

Humberto Montero. 

Tiempo de lectura 4 min.

18 de febrero de 2012. 21:21h

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Humberto Montero.  19/2/2012

MADRID– La cifra de liberados sindicales en España es un misterio sin resolver que se hereda de un Gobierno a otro. Los sindicatos mayoritarios, UGT y CC OO, guardan sus números bajo secreto y en la Administración del Estado se desconoce a las claras la cifra. Algunos reciben puestos en consejos de empresas públicas o cargos en el exterior, en los que no ejercen sus funciones de representación sindical, con sueldos desorbitados. Otros, «como pago a los servicios prestados», según admiten a LA RAZÓN fuentes sindicales, pasan a la «primera división» de la representación con la etiqueta de liberados «institucionales».

Sorprendentemente, el único atisbo de luz lo facilita la CEOE, con un informe en el que cifraba en 290.828 los delegados de personal o representantes de los trabajadores en empresas –cuyas nóminas controlan los empresarios–, a los que habría que añadir 42.944 delegados de la Administración. Entre todos dedican 60 millones de horas a la actividad sindical. De estos 333.772 delegados, la patronal estima que 4.127 están liberados en el sector privado y otros 609, en el público.

Los datos de delegados facilitados por los sindicatos mayoritarios, que disponen de la práctica totalidad de liberados «institucionales» de España, no difieren demasiado de los de la patronal, unos 340.000 representantes, si se suman el sector privado y el público. De ellos, algo menos de 130.000 son de CC OO, 125.000 de UGT y otros 80.000 del resto de centrales. La ratio es de un delegado por cada 33 trabajadores. Es sobre la figura del liberado donde las cifras bailan y comienzan los recelos.

Todos los delegados laborales tienen derecho a horas mensuales (generalmente, entre 15 y 20 horas al mes) en las que se les libera de su actividad laboral ordinaria para ejercer las actividades contempladas por la Constitución y la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Estas horas son acumulables y transferibles, de tal manera que los miembros de un comité de empresa pueden legar todas sus horas para que uno de ellos quede liberado y se dedique en exclusiva a ejercer actividades sindicales.

La paz social y los institucionales
«El problema no son estos liberados, que surgen del acuerdo de los trabajadores y la empresa, sino los "institucionales". Una figura fruto de los acuerdos de los dos principales sindicatos con las administraciones, que los "liberan" para contentarlos y lograr la paz social. Durante la época de bonanza se ha estado engordando su número sin límite», explica José Luis Fernández Santillana, secretario de Relaciones Institucionales de USO, la tercera central del país, que cuenta con 350 liberados, ninguno «institucional».

Fernández dice que es «imposible» determinar cuántos liberados hay. «Han hecho lo que han querido, no hay transparencia. Los "institucionales" están porque te los encuentras. Podemos saber cuántos liberados hay fruto de la cesión de horas de sus compañeros, pero los otros viven en otro mundo».

La opacidad es absoluta, pero fuentes de las centrales estiman que hay 8.000 liberados «institucionales», la inmensa mayoría de ellos, repartidos casi por igual entre los dos sindicatos con mayor representación. CSI-CSIF, la central con más fuerza en la Administración Pública, dispondría de cerca de 2.000 liberados, con lo que la cifra total, de acuerdo con las fuentes consultadas, podría duplicar la facilitada por la CEOE y sobrepasar los 10.000. Los datos que ofrece la Comunidad de Madrid hablan de 2.000 liberados sólo en esta región, donde se encuentra el 13% de los delegados sindicales de España. 

La patronal estima que el coste anual salarial de los 4.127 sindicalistas liberados en el sector privado asciende a 250 millones de euros (con un coste laboral medio de unos 50.000 euros anuales). De extrapolar estas cifras al número real de liberados que las propias centrales reconocen extraoficialmente, el coste podría llegar a los 500 millones. Eso, sin contar los contratos de alta dirección con los que algunos sindicalistas han sido recompensados en años precedentes.

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