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viernes 22 septiembre 2017
08:21
Actualizado

Desprecio por la Junta del Estado de Derecho

La sentencia de la sala primera del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que anula el procedimiento por el que la Junta de Andalucía pretendía reordenar el sector público andaluz  y  la aceptación de la cautelar que va a impedir que la ilegalidad se consolide debe suponer un antes y un después.

Reordenar la función pública en base a integrar a miles de empleados de empresas privadas creadas desde la administración en los organismos de la Junta no es reordenar sino ilegalmente recolocar.

Más que reordenar según la sentencia que hemos ganado hace unos días, en defensa de miles de empleados públicos,  lo que la Junta estaba haciendo es desordenar. Desordenar en el sentido más estricto del término, sacar del orden del estado de derecho a la función pública de Andalucía.

Miles de ciudadanos andaluces han decidido mediante un movimiento social espontáneo, al margen de partidos y sindicatos, emprender una lucha en la calle y en los juzgados para evitar este disparate jurídico. Tanto la fiscalía como ahora el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía les han dado la razón.  Nuestro despacho ha sido contratado mediante una colecta voluntaria, en uno de los movimientos sociales más importantes desde el inicio de la democracia.

¿Por qué son tan importantes las sentencias que acabamos de obtener? Sencillamente porque dicen en pocas palabras verdades como puños que cualquier jurista comparte. Porque tienen la contundencia de la obviedad.

Las demandas se plantearon mediante el procedimiento excepcional de vulneración de derechos fundamentales, lo que ha permitido un acortamiento importante en los tiempos y que el ministerio fiscal  se  posicione con claridad en contra de la reordenación pretendida.  La sentencia principal declara que la actuación de la Junta «quiebra la igualdad», al no respetar los principios rectores de acceso al empleo público exigidos en la Constitución, en el Estatuto Básico, en la Ley de Reordenación y en el propio Decreto impugnado. Y define que «ello supone un desprecio al Estado de Derecho».

Estas sentencias suponen una buena noticia para todos los ciudadanos andaluces, que podrán seguir optando a integrarse en la administración bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad.  Es mala noticia para todo político que desee desordenar la administración con desprecio de los principios fundamentales del estado de derecho.
 

 

Mariano Aguayo
Socio Presidente del bufete Mariano Aguayo Abogados

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