lunes, 20 febrero 2017
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Quién quiere elegir cole

  • Ocho de cada diez padres piden aplicar la libertad de elección de centro educativo para sus hijos. Esta demanda se llevará al Congreso Nacional del PP

MADRID– Conseguir el colegio que unos padres desean para sus hijos se convierte, en muchos casos, en una experiencia angustiosa y frustrante. Es precisamente cuando toca elegir colegio cuando los padres toman conciencia de la importancia de esa decisión concientes de que va a marcar la vida de sus hijos. Por eso, en determinados centros, en los que la demanda es mayor que la oferta y con fama por la calidad de enseñanza que imparten conseguir plaza se convierte en una verdadera carrera de obstáculos e imaginación que en algunos casos raya el fraude.

Un informe de Family Watch constata que ocho de cada diez familias consideran que una de las medidas que ayudaría a las familias en una situación económica como la actual sería la posibilidad de elegir el centro que desean para sus hijos, además de desgravar los gastos de material escolar y la posibilidad de ampliar el número de becas para el estudio. «Nosotros queríamos que nuestro hijo estudiara en un centro de concertado religioso, pero finalmente no conseguimos plaza y la administración nos derivó a un colegio público que no habíamos elegido y que, además, tenía mala fama. Vivimos unos días de enorme preocupación y finalmente acabamos por pagar un colegio privado pero ¿qué necesidad teníamos de haber hecho ese desembolso? ¿Por qué tiene que ser la Administración la que elija por mí en centro en el que debe estudiar mi hijo?», se lamenta Ángela, de Madrid.

Sin embargo, no es Madrid precisamente la comunidad en la que la libre elección de centro está menos garantizada. Madrid y País Vasco están a la cabeza de las autonomías en las que la Administración da más posibilidades de que prolifere la iniciativa privada a la hora de construir colegios y donde existe un mayor porcentaje de padres que consiguen el colegio que quieren para sus hijos, según el último informe de la patronal de la enseñanza privada y concertada CECE. En el otro extremo se encuentran Extremadura, Castilla-La Mancha y Canarias. «Ganar en libertad de educación no es un asunto de dinero, sino una cuestión de respeto hacia las familias que quieren decidir cual es el mejor colegio y, en este sentido destaca Madrid, donde el año pasado se crearon 28 centros concertados nuevos para responder a la elevada demanda social de estos centros», explica Mariano Castillo, director del Instituto de Técnicas Educativas de la CECE.

Madrid quiere ir en este sentido un paso más allá. Su presidenta, Esperanza Aguirre, ya anunció la intención de convertir Madrid durante esta legislatura en distrito único. Es decir, pretende acabar con la zonificación de tal manera que puntuará lo mismo a la hora de entrar a un centro que un alumno viva enfrente que viva en el otro extremo. «Tener el colegio cerca es una ventaja indudable, pero también es verdad que hay padres que pueden preferir que sus hijos vayan al colegio que les gusta por cómo enseñan o lo que enseñan y queremos ayudarles a que tengan ese derecho», declaró Aguirre hace unos meses.  En esta misma línea, la Ponencia Social para el VIII Congreso Nacional del Partido Popular también propone la libertad de elección de centro como una de sus prioridades para los próximos años.

Modelo concertado
María Calvo, del departamento de Derecho Público de la Universidad Carlos III de Madrid, asegura que, en términos generales, el 80 por ciento de los padres elige educación concertada para sus hijos, pero solo un 26 por ciento consigue plaza en un centro de este tipo. «La mayoría de los padres se inclina por el modelo concertado, que es el que acapara un mayor número de solicitudes pero la educación pública sigue siendo la que obtiene más fondos: un 80 por ciento del total».

Tanto los colegios públicos como los concertados se rigen por un sistema de puntos para seleccionar a los alumnos. El baremo es distinto dependiendo de cada comunidad autónoma, pero generalmente se tienen en cuenta aspectos como el número de hermanos que ya estudian en el centro al que se quiere llevar al niño, si el domicilio familiar o laboral está en la zona de influencia del colegio o si el educando tiene alguna discapacidad.

Detectives contra el fraude
En Sevilla es ya un clásico que los padres contraten a detectives privados para desenmascarar a aquellos que fingen residir en el área de influencia del centro para conseguir plaza. «He llevado al menos 300 casos. Incluso hay padres que han destapado el fraude de amigos que habían declarado que vivían cerca del colegio cuando en realidad residían en el otro extremo de Sevilla», explica Fernando Ostos, de Walker's Detectives. «Los padres llegan a mentir para conseguir que sus hijos estudien donde consideran que es mejor. Empadronan a sus hijos en casa de los abuelos y los tíos e incluso he tenido casos en los que se inventan una dirección que coincidía con la de un solar o una casa vieja. Conocía a una mujer que alquilaba su casa, frente al colegio, a una familia sólo durante el curso escolar. Un padre alegó que trabajaba en una empresa próxima al colegio para conseguir los puntos necesarios por cercanía. Llegó a falsificar una nómina. El problema vino un día cuando el niño se puso malo y, como no localizaban a la familia, decidieron llamar a la empresa donde supuestamente trabajaba el padre. Entonces fue cuando se descubrió que todo había sido un fraude. Hubo juicio y el padre fue condenado».


Los colegios católicos, asfixiados
A pesar de ser los centros educativos preferidos por los padres españoles, los colegios concertados también sufren los ajustes de las autonomías y sus profesores cobran menos que los de los colegios públicos. Así,  Escuelas Católicas Comunidad Valenciana, que agrupa a más de 450 centros religiosos de la región estudiar tomar  medidas de presión» ante los retrasos en los pagos del Ejecutivo valenciando.  Y es que, a día de hoy no han recibido el dinero correspondiente a los gastos de funcionamiento del tercer trimestre de 2011,  que se estima en 35 millones de euros, si bien desde la Consejería de Hacienda se les ha confirmado que será efectiva el 25 de enero.

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