Cospedal: «El futuro de Cataluña lo decidimos entre todos los españoles»

Muchos ciudadanos han salido estos días a la calle para reclamar y protestar. El otoño se ha llenado de banderas reivindicativas. No diré yo que son ilegítimas, porque una de las grandezas de la democracia es que cada uno tiene derecho a reivindicar lo que considera que es suyo, con Justicia o sin ella. Pero es bueno plantearse la conveniencia de estas reivindicaciones, frente a los que ven desde fuera una situación de España que no es la real de nuestro país. Uno se plantea el oportunismo de los que antes apenas ubicaban su espacio en la calle y hoy lo ocupan por doquier. Estamos viviendo los tiempos de la reivindicación de la independencia por parte del Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Estoy convencida de que la inmensa mayoría de los catalanes no comulgan con los postulados de la Generalitat. Quiero recordar el artículo 2 de la Constitución que es fruto del pacto entre todos los grandes partidos de nuestro país, incluido CiU, que dice: «La Constitución española se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, práctica común e indivisible de todos los españoles», así como en la solidaridad entre todas ellas y la autonomía de las nacionalidades y regiones. Todo eso forma parte del pacto que hicimos entre todos hace algunos años.

Se está hablando mucho de la inconveniencia de plantear estas cuestiones por el momento político y económico que vivimos. Cuando estamos defendiendo la necesidad de un papel de España más fuerte en la UE, defendiendo al euro frente a los ataques que está sufriendo, la necesidad de ampliar los márgenes del mercado único dentro de nuestro país y de eliminar las fronteras interiores, no se entiende que alguien pueda querer como autonomía, como región o como nacionalidad navegar él solo. Incluso me pregunto: ¿Fuera del euro? ¿Fuera del mercado nacional español, cuando tiene una dependencia energética o de recursos escasos como es el agua? ¿Fuera de un espacio europeo que ha hecho próspera a nuestra región? Cataluña es parte de España y así la consideramos todos los españoles, una gran mayoría de ellos, catalanes. La gran mayoría de los catalanes quieren ser españoles y catalanes. Con independencia de cualquier deriva, que tiene que ver mucho con un periodo preelectoral, tiene que quedar bien claro que el futuro de España lo decidimos entre todos los españoles. Y que el futuro de una parte de España, que también es parte del todo, también lo decidimos entre todos los españoles, los que viven en Cataluña y los que no. Es algo que parece muy obvio pero que tenemos que cerrar de una vez por todas porque no es normal que cada vez que llega un proceso electoral, cada vez que hay un problema que tapar o un problema político que esconder tengamos que poner en cuestión una y mil veces nuestro modelo de Estado, el estado de las Autonomías, consagrado en la Constitución, del cual yo también soy defensora. Es cierto que ha tenido muchos excesos estos últimos años; que tenemos que corregir, enmarcar y definir cuál es la vía más apropiada, pero es el estado de las autonomías de una nación, España; un Estado, el Estado español y una soberanía: la del pueblo español.

Es importante acabar con esa disgresión y ruptura del pacto constitucional, empezando por el pacto de Tinel, siguiendo por cómo se abordó ese estatuto de Cataluña, y terminando por esa ruptura entre los dos grandes partidos nacionales. PSOE y PP tenemos que hacer una importantísima labor en definir cuál es el modelo de Estado que tenemos y queremos conservar, así como la obligación legal y la convicción de hacer guardar nuestra Constitución. Es importante esa unión entre los dos principales partidos políticos al margen de intereses electorales.

Dentro de esta línea política y económica nos tenemos que mover dentro del margen de las comunidades autónomas. España es un Estado, el Estado de las Autonomías, que fue nuevo en su configuración y que hemos ido elaborando poco a poco. Es verdad que las autonomías han sufrido ciertos excesos en los últimos años y que hay muchos ciudadanos y observadores de fuera que le echan mucha culpa a la situación que ha sufrido nuestro país. Y es verdad que no hay que confundir la estructura política y administrativa de nuestro país con las consecuencias de gestores más o menos responsables que nos han llevado hasta aquí. Podemos mantener perfectamente un Estado de las Autonomías que tenga la obligación de que aquel poder que está más cerca de los ciudadanos, el poder autonómico, político y administrativo descentralizado, es quien tiene que administrar los servicios sociales fundamentales, Sanidad, Educación. Y se está avanzando en la transparencia, la claridad y la estructura de las comunidades lo más simple posible. Así lo estamos haciendo en Castilla-La Mancha porque consideramos que es lo mejor para nuestro país.

El primer objetivo que tenemos en Castilla-La Mancha es el del cumplimiento del objetivo de déficit. Terminamos el ejercicio pasado con el mayor déficit de toda España, un 7,5 %. Ahora bien, encontramos una situación cuando llegamos con un 6,5%. Es decir, que si desde el primer día no hubiéramos emprendido medidas de ajuste, habríamos cumplido el año con un déficit del 12%. Tenemos la obligación de terminar este ejercicio económico en un 1,5% y no sólo tenemos la obligación de hacerlo, sino que lo vamos a hacer.

¿Qué hemos tenido que hacer para eso? En primer lugar, poner un dique de contención. ¿Y dónde lo hemos puesto? En los servicios sociales básicos. Nada más empezar la legislatura pusimos en marcha un plan de garantía de los servicios sociales básicos, la Sanidad y la Educación pública, para evitar la quiebra de nuestro sistema social. Y digo quiebra porque, con un déficit del 6,5% y una deuda heredada de 10.800 millones de euros cuando los presupuestos de la comunidad autónoma no superan los 8.000 significa que somos, éramos y seguimos siendo la comunidad con más déficit y también la que tiene una mayor deuda en términos relativos. Por lo tanto, en una comunidad autónoma que es la tercera en extensión geográfica de toda España, pero que cuenta con apenas 2.200.000 habitantes, la creación de riqueza no es tan rápida, fácil y espontánea como puede ser en otros lugares. La situación era complicada y lo sigue siendo.

En segundo lugar, hacer ajustes. En Castilla-La Mancha hemos hecho muchos ajustes y ahorros, y tenemos que hacerlos todavía más en el presupuesto para 2013. Hemos vivido este año con un presupuesto prorrogado de 2011, hemos elaborado un nuevo presupuesto de 2012 y estamos elaborando el de 2013. Hemos tenido que trabajar mucho y con mucha intensidad. Heredamos una situación con 5.500 millones de deuda sanitaria y seguro que recordarán el lío monumental que tuvimos a nuestra llegada al Gobierno, por la imposibilidad casi absoluta de pagar la deuda de farmacia, que felizmente hoy está resuelta con éxito. Porque nos encontramos unos presupuestos en el ámbito de la Sanidad y en los servicios sociales en los que a 30 de junio estaba gastado en el 85%.

He apelado a la solidaridad de todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha y a la responsabilidad de todos los partidos y organizaciones sociales, sindicales y empresariales. Y he apelado a la solidaridad de todos ellos porque entre todos hemos convenido que la cultura de la subvención por la subvención ya no es posible, ni en Castilla-La Mancha ni en ningún sitio. Tenemos que dejar de defender como una bandera que todos tenemos derechos que se pueden escribir pero no se pueden pagar. Tendremos que ser capaces de establecer, plantear y marcar unos servicios sociales y unas prestaciones sociales básicas que sean asumibles en el tiempo y que podamos pagar entre todos. Y lo demás es engañarnos por tiempo, y engañar a aquellos que nos tienen que dar su respaldo y a los cuales pedimos su apoyo cada vez que llega un proceso electoral.

Sorprende sobremanera que aquellos que son responsables en parte muy importante de la situación económica y financiera de nuestro país sean los primeros en abanderar la reclamación de derechos que ellos ya no pagaban. Y no deja de sorprender la insolidaridad y el descaro de algunos a la hora de pedir sin mesura y no decir nunca de dónde piensan sacar aquello que ofrecen con tanta alegría como ofrecían antes pero no dejaron pagado.

Tenemos hoy un Gobierno que está tomando medidas, como muchos gobiernos autonómicos, que no son populares. Medidas que a veces son antipáticas y que no figuraban en nuestro programa electoral, pero que son necesarias cuando se tienen 100.000 millones de deuda exterior. Cuando hay que pagar, sólo hay dos vías: aumentar los ingresos y disminuir los gastos. Y si alguien tiene fórmulas mejores, estaría bien que nos lo pudiera ofrecer.

Al mismo tiempo, el Gobierno es consciente de que tiene que incentivar el crecimiento económico, porque la política de austeridad en sí misma es un instrumento fundamental, pero no es el único para la creación de empleo. No se puede conseguir financiación, generar confianza, y no van a venir nunca inversores que no crean en nuestra capacidad para hacer frente a nuestras responsabilidades. Pero en cualquier caso, la incentivación económica, el apoyo a la pyme y facilitar las cosas a aquellos que crean puestos de trabajo y que arriesgan su patrimonio es una obligación fundamental que está cumpliendo el Gobierno.

Lo está haciendo desde la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que mantiene el equilibrio necesario. O con la última reforma en el ámbito energético, que tendrá sus destructores y aquellos que la avalen, pero alguna solución había que tener en el déficit tarifario. Éste es un Gobierno que está asumiendo responsabilidades que otros nunca se atrevieron a asumir, como la reforma del sistema financiero o la futura ley de mercado único. En cualquier caso, este es el momento de estar unidos, y de trabajar todos juntos. Es el momento de definir todos juntos y de dejar cerrado un modelo de Estado que no se puede estar abriendo permanentemente. Es malo desde el punto de vista político, porque una nación no se puede estar preguntando constantemente qué es o qué quiere ser. Y es malo desde el punto de vista económico, porque no hace más que torpedear la imagen y la fortaleza que España necesita para defender nuestros postulados allí donde cada vez tenemos que ser más importantes, fundamentalmente en la UE. Y la irresponsabilidad de algunos tiene que tener enfrente la fortaleza de aquellos que pensamos que en ningún caso España se puede dividir.

Quiero terminar reivindicando el papel de la política en estos tiempos. Y quiero hacerlo con el convencimiento de que muchos de los que están aquí piensan de forma parecida. De los grandes retos no salimos sólo con tecnócratas. Hace falta la «Política» escrita en letras mayúsculas. Y son los políticos responsables con convicciones, con ideas de Estado, con el convencimiento de lo que es importante para su país, y con la voluntad de defender el interés general de los ciudadanos y de su país por encima de todo, son los grandes políticos, los que han resuelto las situaciones difíciles, ejerciendo el liderazgo de la sociedad. Y los tecnócratas nos tienen que ayudar mucho, a ser profesionales, a no gastar más de lo que se ingresa, a ser capaces de no tener que cambiar de opinión cada dos por tres. Tienen que ayudarnos también a gestionar bien, pero los políticos somos los depositarios de la voluntad popular y de la confianza de los ciudadanos. Y en este sentido, también tenemos que demostrar nuestro sentido de la responsabilidad.

He propuesto en Castilla-La Mancha la reducción del Parlamento autonómico a la mitad de diputados. Y creo que es un paso para ir clarificando lo que tienen que ser los poderes legislativos de las CC AA en una nación como España, que tiene 17 parlamentos autonómicos, además del Parlamento nacional. No nos podemos dedicar entre todos a hacer 17 compendios legislativos complicadísimos que dificultan la vida de los españoles. Por lo tanto, el número de diputados rebajado a la mitad creo que es algo que agradecen los ciudadanos, porque supone ir simplificando nuestras estructuras económicas. Y también he propuesto que los diputados autonómicos no tengan un sueldo fijo y he observado con sorpresa que a algunos les ha molestado mucho. Cuando se piden gestos a los políticos, nosotros entendimos que permitir que cualesquiera de nosotros que tienen vocación política puedan ejercer una actividad profesional (ya sea de fontanero, abogado, agricultor) acerca la política a los ciudadanos. Hacer compatible la posibilidad de ganarse la vida para un diputado regional con su propio oficio, y además trabajar por la colectividad, como se trabaja en una ONG, de voluntario o de forma altruista, no creo que sea un demérito para la clase política, sino más bien un mérito para todos aquellos que lo realizan con vocación.

A la grandeza de la política me quiero referir por último, a la necesidad de que en estos momentos veamos la política en letras mayúsculas, que abandonemos las barricadas aquellos que están instalados en ellas, y que trabajemos juntos en este barco que es de todos y donde nos tenemos que salvar todos porque el que quiera ir por libre, casi con toda seguridad va a naufragar.