El ERE del PSOE afectará a más de 180 trabajadores

MADRID-El PSOE no quiere hablar ni de alcance ni de condiciones. El secretario de Organización, Óscar López, apeló ayer al respeto a los trabajadores para no desvelar ni un solo detalle del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado el viernes ante el Ministerio de Trabajo y con el que pretende reducir un 40 por ciento de su masa salarial. Antes, quiere pactar los detalles con los representantes sindicales, y para eso tiene un mes de plazo. Sin embargo, LA RAZÓN ha tenido acceso al documento en el que el PSOE comunica a la autoridad laboral la apertura de un «procedimiento de despido colectivo, de suspensión de contratos y de reducción de jornada», así como la apertura del periodo de consultas con los representantes de los trabajadores. En él se prevén 186 bajas aproximadamente entre empleados de la calle Ferraz, la Fundación Ideas, los grupos parlamentarios y otros centros de trabajo distribuidos por comunidades autónomas. El PSOE calcula, además, que se produzcan unas 60 suspensiones de contrato o reducciones de jornada en un 42 por ciento de las horas de trabajo. ¿Los criterios para la negociación con los sindicatos? Se tendrán en cuenta, en primer lugar, a los empleados de edad próxima a la jubilación o jubilación anticipada (a partir de los 58 años). Y, en segundo orden, se aplicará el criterio de la menor edad, «siempre que no concurran causas de experiencia profesional o cualificación». El PSOE deja claro que los despidos afectarán a los representantes sindicales de los trabajadores, salvo que ellos apelen a su derecho a la prioridad de permanencia consagrado en el artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores. Lo único que López dejó ayer claro es que en ningún caso se aplicará la reforma laboral aprobada por el PP en lo que respecta a la indemnización de 20 días por año trabajado.

La dirección del PSOE pretende una reforma de la estructura federal, autonómica, provincial y municipal por la disminución de ingresos de los últimos años para equilibrar los presupuestos y corregir –en los supuestos en que sea preciso– el déficit existente. Y su intención es que el periodo temporal de las medidas de regulación de empleo se apliquen entre el 23 de julio de 2012 y el 31 de diciembre de 2015. El ERE tendrá pues carácter coyuntural en lo que respecta a las medidas suspensivas o de reducción de jornada que el PSOE asocia a previsiones electorales más favorables en futuros comicios.
 
Para la presentación del ERE, el PSOE ha alegado causas económicas derivadas principalmente de la disminución de subvenciones nacionales y autonómicas como consecuencia de los resultados electorales, así como las derivadas del recorte del 20 por ciento de las subvenciones a todos los partidos, aprobado por el Gobierno del PP. Se trata de adecuar la estructura de personal a los ingresos actuales y previstos. Y es que las subvenciones representan entre un 70 y un 80 por ciento de los ingresos, mientras que el restante 20 por ciento proviene básicamente de las cuotas de afiliados, parlamentarios y cargos públicos. Las medidas de regulación de empleo estarán complementadas con otras indirectas de control del gasto, pero también en algún caso con el pago de cuotas extraordinarias de afiliados o cargos públicos (especialmente los de Andalucía y Madrid).

Aplicación en positivo de la reforma laboral
- Cuando el PSOE dice que no aplicará la reforma laboral aprobada por el Gobierno del Partido Popular se refiere sólo a lo que respecta a las indemnizaciones por despido de 20 días por año trabajado, con un límite de 12 mensualidades. Al parecer, sindicatos y empresa han empezado a negociar a partir de 30 días y 24 mensualidades, muy por encima de lo que marca la Ley.
- Sin embargo, hay otros aspectos de la controvertida reforma que sí se tendrán en cuenta por la dirección del Partido Socialista. Son los que permiten la flexibilidad para salvaguardar puestos de trabajo. Dicho de otro modo, el PSOE podrá mantener parte de su plantilla gracias a algunos aspectos aprobados en la reciente reforma laboral. Es el caso de las reducciones de jornada hasta en un 42 por ciento de la plantilla, la suspensión de contratos por un tiempo determinado y la rebaja salarial.