La cesión de poderes a los separatistas provoca una batalla campal en Kiev

Al menos una persona ha muerto y 90 han resultado heridas, en su mayoría soldados y guardias nacionales, por la explosión de varios artefactos frente al Parlamento de Ucrania, donde se había congregado este lunes una multitud de manifestantes nacionalistas.

El centro de Kiev vivió ayer su jornada más violenta desde febrero de 2014. Mientras en el interior del Parlamento, Rada Suprema, se debatía y votaba una reforma constitucional hacia un modelo menos centralizado, las afueras del edificio fueron escenario de enfrentamientos entre las fuerzas del orden y manifestantes ultranacionalistas que dejaron un saldo de un miembro de la Guardia Nacional muerto y más de cien heridos (entre ellos dos periodistas extranjeros), cuatro en estado grave, con heridas en los ojos, el estómago, el cuello y las piernas.

La Policía utilizó gases lacrimógenos y detuvo a 30 personas, entre las que se encuentra el atacante que lanzó la granada de mano que se cobró la vida del agente y causó buena parte de los heridos. El ministro del Interior, Arsen Avakov, informó de que el individuo portaba varias granadas más, entre ellas una F-1 de gran potencia, y que vestía una camiseta del partido Sbovoda (Libertad), del que es militante. Esta formación de extrema derecha cuenta con sólo siete diputados en el Parlamento, pero adquirió un papel protagonista en la calle durante las revueltas de Maidan que condujeron a la caída del presidente Yanukovich. «Acuso directamente a Svoboda y a su líder, Oleg Tiagnibok, que se encontraba en la manifestación, porque esto ya no es una postura política sino un crimen», denuncia Avakov. El primer ministro Yatseniuk también cargó contra Sbovoda, que «bajo lemas de patriotismo y amor a Ucrania destruyen el Estado», mientras que el presidente Poroshenko tachó los sucesos de «antiucranianos» y de «golpe a traición».

En un comunicado, Sbovoda apuntó a una supuesta «provocación» de la Policía y exigió la destitución del ministro del Interior. «Es precisamente el Gobierno, junto con el prorruso Bloque Opositor, el que ha provocado la protesta, votando unas enmiendas a la Constitución que establecen el estatus especial de Donbás y constituyen una capitulación ante el Kremlin», reza el texto. La polémica reforma constitucional salió adelante en primera lectura con 265 votos a favor, 39 por encima del mínimo exigido, si bien su aprobación definitiva queda pendiente de una segunda lectura, para la que se necesitan 300 votos, dos tercios de la Cámara. Aún no se conoce la fecha concreta de esa segunda votación, si bien se calcula que en diciembre, para concluir el proceso de reforma antes de que termine el año, tal y como se comprometió Poroshenko en los acuerdos de Minsk de febrero. El presidente, en una alocución televisada tras los disturbios de la mañana, desmintió que la reforma de la Constitución contemple un estatus especial para Donbás, principal denuncia de los grupos ultranacionalistas. «Es un cliché que para ciertas fuerzas políticas se ha convertido en una estrategia preelectoral, un elemento de propaganda», dijo Poroshenko, que destacó que la reforma ofrece gran «margen de maniobra a la diplomacia ucraniana» y pasa a Moscú la pelota del cumplimiento de Minsk. La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, calificó de «muy preocupantes» los incidentes en las afueras del Parlamento y llamó al Gobierno a no dejarse amedrentar y continuar las reformas.

La sesión tampoco fue tranquila dentro del hemiciclo, donde los diputados del Partido Radical gritaron «vergüenza» e hicieron sonar sirenas para impedir los discursos de los líderes de partidos que sí apoyaron la reforma. Los grupos Batkivschina (Patria) y Samopomich (Autoayuda), tercera y cuarta fuerza política, también rechazaron el documento, que salió adelante con los votos del Bloque del presidente, del Frente Popular de Arseni Yatseniuk, del Bloque Opositor y de algunos independientes. Las repúblicas autoproclamadas de Donbás achacaron estos a una supuesta «lucha de poder entre oligarcas» y rechazaron las enmiendas a la Constitución, por no haberse consensuado su redacción con ellas. «No fueron presentadas a debate en el marco del proceso de Minsk», denunció Denis Pushilin, uno de sus representantes. Moscú, por su parte, por boca de su Cancillería, también criticó las enmiendas, que calificó de «simulacro de cumplimiento de los acuerdos de Minsk». La reforma propone un sistema de autogobierno local de tres niveles: región, distrito y comunidad. En todo caso, el presidente se reserva el derecho a destituir antes del plazo previsto a los representantes locales (alcaldes, presidentes de los consejos urbano, distrital y regional) y designar a dedo un representante plenipotenciario por un año, un as bajo la manga para sofocar eventuales brotes de separatismo.