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Trump firma una revisión del veto musulmán que excluye a Irak

La medida se aplicará a partir del 16 de marzo y no afectará a los refugiados en «tránsito».

  • El presidente de Estados Unidos, Donald Trump
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump / Efe
Marta Torres,  larazon.es.  Nueva York.

Tiempo de lectura 5 min.

07 de marzo de 2017. 10:50h

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Marta Torres,  larazon.es.  Nueva York. 7/3/2017

Donald Trump firmó ayer una versión atenuada de su veto musulmán tras semanas de intensa batalla judicial. A diferencia de la primera prohibición de viaje –suspendida por los jueces el 3 de febrero– el presidente de EE UU dejó a sus principales espadas, el secretario de Estado, Rex Tillerson; el fiscal general, Jeff Sessions, y el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, la presentación de la revisión del veto. También evitó las expresiones más gruesas. «No les queremos aquí», indicó entonces Trump en una clara vinculación entre los inmigrantes y los terroristas islamistas. El decreto del 27 de enero provocó el caos en los aeropuertos y después un enfrentamiento con los jueces de las cortes federales, que bloquearon su decreto, y, más tarde, con el Tribunal de Apelaciones en San Francisco, que mantuvo la suspensión.

La nueva orden ejecutiva, que entrará en vigor el próximo 16 de marzo, también incluye algunas modificaciones de fondo. Prohíbe la entrada a los ciudadanos de seis países musulmanes (Irán, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen) y deja fuera a Irak, incluido en la versión anterior. Reconoce así la lucha del Gobierno iraquí contra el Estado Islámico y desactiva los conflictos abiertos por haber cerrado las puertas a empleados locales de las tropas de la coalición desplegadas en el país árabe. Entre estos casos, destacó el de un traductor del Ejército norteamericano en Irak al que se le negó la entrada a EE UU, pero, en cambio, se dejó pasar a su mujer y sus hijos, a pesar de que era él quien había solicitado el visado.

También se excluye del veto a los ciudadanos con «green card» y a los refugiados que estén en «tránsito». Pese a estos cambios, no se descarta que el nuevo decreto termine en los tribunales. Tillerson aseguró que el veto a los seis países musulmanes «es vital para fortalecer nuestra seguridad nacional». Pidió a los aliados que «entiendan» que se trata de un esfuerzo «temporal» para fortalecer nuestras fronteras. «El presidente tiene la solemne responsabilidad de proteger a los norteamericanos», defendió el jefe de la diplomacia. Más duro se mostró el fiscal general, que acusó a tres de los países incluidos en el veto de ser «Estados patrocinadores del terrorismo» y a los otros tres de «dar refugio a terroristas cuyos gobiernos han perdido el control de su territorio a expensas de grupos como Al Qaeda o el Estado Islámico y sus filiales». Mientras, Kelly quiso hacer hincapié en que esta vez «no habrá sorpresas. Sólo se aplicará este veto a los refugiados que no estén de camino a Estados Unidos o a la gente que tenga que tramitar sus visados». Sus funcionarios de la Agencia de Aduanas y Fronteras tendrán la última palabra ante dejar o prohibir la entrada a los inmigrantes, por eso precisó que las medidas se implementarán de la forma «más humana y respetuosa posible».

Pese a la insistencia de Trump sobre la amenaza de los refugiados sirios, finalmente no se les impone una restricción indefinida. Asimismo, a Irán, Somalia, Sudán, Yemen y Libia se les suspenderá la emisión de visados durante 90 días. Se retira a Irak de la lista después de que los diplomáticos en Bagdad hayan apuntado que este veto podría minar la estabilidad en la región en la lucha contra el grupo terrorista Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés). Y sólo se prohibirá la entrada a aquellas personas que quieran un visado nuevo. Por esta razón, se permitirá viajar a los inmigrantes de estos países que ya tengan permiso para entrar en Estados Unidos. Mientras, se dejará pasar también a los viajeros de estos países que vivan en la vecina Canadá.

Con el veto original se puso de manifiesto la falta de coordinación entre la Casa Blanca y los diferentes departamentos –Estado, Seguridad Nacional y Justicia–, cuyos funcionarios tenían que aplicar el veto de Tump. La mayor polémica se produjo ante la duda de qué hacer con las personas que tenían ya visados emitidos y permisos de residencia. En otras palabras, con las personas que ya habían sido investigadas por el Departamento de Seguridad Nacional y FBI. ¿Se les dejaba entrar en Estados Unidos o se les deportaba? En la nueva orden ejecutiva se detallan las categorías de ciudadanos que sí podrían ser susceptibles de entrar en Estados Unidos, que incluirían empresarios, ciudadanos con necesidades médicas, familiares de residentes en el país o personalidades que respalden a EE UU.

Para justificar esta medida, el Gobierno federal difundió un informe del Congreso en el que se detalla que el FBI investiga a 300 personas acogidas en Estados Unidos como refugiados dentro de los 1.000 individuos en vigilancia por las fuerzas de contraterrorismo. Las autoridades no dieron detalles sobre las nacionalidades de los refugiados investigados, aunque la orden ejecutiva cita varios ejemplos de refugiados condenados por terrorismo, como un somalí que llegó de niño a Estados Unidos, adquirió la ciudadanía estadounidense y trató de detonar una bomba en una ceremonia navideña en Portland (Oregón). En la orden, se establece que EE UU admitirá a un máximo de 50.000 refugiados en el año fiscal 2017 (del 1 de octubre de 2016 al 30 de septiembre de 2017), un límite idéntico al contenido en la primera versión al veto y que supone un importante descenso con respecto a la meta de 110.000 refugiados del ex presidente Barack Obama.

Por último, en su nuevo veto, Trump establece que su Gobierno deberá entregarle en 20 días un informe que evalúe cómo cada país del mundo proporciona información a Estados Unidos sobre sus ciudadanos. En base a ese informe, el Ejecutivo podrá prohibir la entrada a ciudadanos de más naciones –además de las seis incluidas actualmente en el veto– en caso de considerar que esos países no proporcionan suficientes garantías de seguridad sobre los individuos que tratan de viajar a Estados Unidos. Los demócratas rechazaron este veto al considerar que sigue siendo una prohibición discriminatoria.

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