45 procesados, entre ellos un superintendente, por la filtración del examen a la Policía Local de Sevilla

Un juez ha imputado por filtrar las oposiciones para Policía a un superintendente de la Policía Local de Sevilla, Juan José García Sánchez, a 37 policías que las aprobaron, a cinco miembros del tribunal, a un empresario y a un miembro de la junta de personal del Ayuntamiento sevillano.

El juez de instrucción 9 de Sevilla, Juan Jesús García Vélez, acusa de descubrimiento y revelación de secretos al superintendente y a otros cinco miembros del tribunal de las dos oposiciones, que se celebraron en 2011 para cubrir 47 plazas y de 2012 para otras 56 vacantes. En los exámenes del caso práctico, se comprobó que los opositores beneficiados por la entrega previa del examen y de la plantilla de corrección cometían erratas e incorrecciones que solo aparecían en la plantilla filtrada, como decir que la documentación necesaria de los conductores es el DNI, precisa el juez.

En su escrito de imputación, el magistrado señala que el jefe policial favoreció a un hermano de su compañera sentimental y a un sobrino. Otro de los acusados y miembro del tribunal de la oposición habría favorecido al hijo del presidente del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España, Manuel Bustelo. El dirigente sindical era el superior jerárquico del acusado y miembro de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Sevilla, y ambos habían compartido muchos años de labores sindicales, señala el juez.

En la primera de las oposiciones, los miembros del tribunal acordaron, para favorecer a 19 de los aspirantes a policía, que el caso práctico no se leería públicamente por los opositores sino que la corrección se haría a puerta cerrada. Uno de los opositores beneficiados fue el hijo de un empresario de La Redondela (Pontevedra) que había logrado la adjudicación de contratos para el vestuario de la Policía Local de Sevilla entre 2007 y 2013 y que invitó a uno de los miembros del tribunal a pasar dos días en Madrid en 2014, subraya el juez.

En la segunda de las oposiciones, convocada para ocupar 56 plazas, se incluyó a dos funcionarias de la Junta de Andalucía, que prepararon veinte de las cien preguntas de un examen tipo test.

A los 37 aspirantes a policías que finalmente lograron la plaza, el juez les acusa de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, los mismos delitos que al amigo del responsables sindical, mientras que al empresario gallego le imputa un delito de cohecho.