Acusan a la Fiscalía de «frenar» ahora los ERE

El rastro de la instrucción del «caso ERE» dejará la huella de una complejidad que incluye aciertos y errores. En el punto actual del «macroproceso», los abogados de varios investigados en el mismo –antes imputados– han dejado constancia a través de tres escritos de lo que consideran un paso desacertado de la Fiscalía Anticorrupción. Ésta solicitó nuevas diligencias probatorias en la pieza relativa al denominado procedimiento específico –el sistema empleado por la Junta para repartir las ayudas– que fueron admitidas por el juez Álvaro Martín vía auto. ¿Quiénes han mostrado su desacuerdo con la decisión? Los representantes procesales del ex consejero de Empleo Antonio Fernández, del ex director general de la agencia IDEA Jacinto Cañete, y de los ex directores generales del IFA Pablo Millán y Juan Vela.

El letrado de Fernández, Alfonso Martínez del Hoyo, ha interpuesto un recurso de reforma contra la resolución de Martín en el que le pide que «deje sin efecto y deseche» la práctica de las pruebas demandadas ahora por el Ministerio Público por «su impertinencia e innecesariedad». El abogado se refiere en su escrito, entre otras cuestiones, a la remisión de los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) de los informes de fiscalización de la Cámara de Cuentas sobre el uso de la transferencia de financiación –herramienta contable que se usó para nutrir los ERE– por parte de once entes públicos propuesta por la Fiscalía. Un envío que cree irrelevante al no estar relacionado con el objeto del proceso de esta pieza que afecta a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Del Hoyo recuerda que esa información ya fue acordada en otras diligencias del ámbito de los ERE, en virtud de otro auto que además fue objeto de una solicitud de aclaración que aún no ha sido resuelta. Avisa el letrado de que la forma de proceder de la Fiscalía «puede redundar en la dilación de la causa y provocar el entorpecimiento» de su «pronta finalización». Algo sorprendente, a su juicio, teniendo en cuenta las llamadas constantes de Anticorrupción a que se dividiera el «macrocaso» y a agilizarlo «al máximo». En relación al acomodo de apartados, hace constar también en su escrito que «resulta francamente perturbador» que se duplique la petición de una misma prueba en dos distintos, en relación al mandato de que se aporte a las actuaciones el expediente de la empresa Valeo Iluminación.

El representante legal de Cañate, Juan Carlos Alférez, por su parte, insta en su texto a la aclaración del auto de Martín y sostiene, en línea con lo mantenido por la titular del juzgado, María Núñez, que si lo que se pretende es desbloquear la situación de «cuello de botella», se necesita «un primer, rápido y pronto enjuiciamiento» de la pieza centrada en la fórmula usada para otorgar los fondos públicos como el «único modo» de «avanzar» sin mermar «los más elementales y fundamentales derechos de los cientos de investigados». En relación con la «incomprensible petición» de pruebas de la Fiscalía, Alférez mantiene que en lugar de dinamizar la instrucción, le confiere «de facto» un «frenazo injustificado». No le encuentra este letrado «razón de ser ni utilidad ni la menor conexión» de la pretensión de Anticorrupción con el objeto de la causa. Por ello, y «a los efectos de descartar» un «intento de frenar la instrucción por razones sobrevenidas», plantea que se revelen «las verdaderas intenciones» por las que los fiscales instan a unas diligencias que «a priori» están «completamente desconectadas» de la investigación a cubrir en este bloque. El abogado afirma sentir el «desasosiego procesal» de quien «asiste atónito a una situación que ya no comprende». ¿A qué alude? A que, de un lado se les diga a las partes que «hay que dividir, correr y celebrar pronto juicio» sobre el procedimiento específico, y de otro se actúe en sentido «justo y diametralmente opuesto».

Por último, el representante legal de Millán y Vela, Antonio J. Uceda, quiere que el juez corrija y aclare su resolución al rechazar una nueva «batería de diligencias» que desvirtúan «el contenido y la finalidad de la división inicialmente acordada en el procedimiento». Entiende que el troceo del caso sólo se sostiene «si se delimita claramente el objeto» de cada diligencia previa.