El funcionario que prendió el “caso Infoca” denuncia a la Junta ante Competencia

Pide a la comisión estatal que actúe y se modifiquen los pliegos de la adjudicación de medios aéreos contra incendios

El funcionario de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno andaluz que provocó la chispa que encendió el «caso Infoca», J. G. D., no está dispuesto a pasar página. Ha denunciado a la Junta ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), un organismo estatal con personalidad jurídica propia que vela por el funcionamiento de todos los mercados en interés de los consumidores y de las empresas. En un escrito, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, relata a esa entidad que en junio de 2015 denunció en los juzgados sevillanos que «el contrato ‘fletamento de medios aéreos para la lucha contra incendios forestales en las campañas Infoca 2015-2018’ estaba siendo objeto de incumplimientos jurídicos» al producirse «colusión –pacto que provoca un daño a terceros– entre los licitadores», pero «el jefe de servicio de contratación, siguiendo órdenes, según él, de los altos cargos de la consejería», se negó a «mandar la comunicación preceptiva a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia u organismo autonómico correspondiente ni a volver a iniciar el procedimiento rectificando los pliegos en ciertos aspectos» que contribuían a posibilitar la presunta colusión.

J. G. D., quien participó como secretario en la mesa de contratación ahora en el punto de mira, traslada a la CNMC que al final el servicio se adjudicó «por el máximo importe posible», para añadir que, con posterioridad, comprobó que lo descrito era una práctica que «se estaba produciendo al menos desde 2007» y puede que desde antes, aunque no hay registro. «Se ha hecho caso omiso durante años a la nula competitividad en cada lote, las similitudes entre la documentación técnica presentada» en los mismos «por diferentes empresas», que «no reducían un solo euro la oferta económica y los medios que se entregaban eran los peores posibles que superasen por lo justo el umbral del PPT –pliego de prescripciones técnicas hilvanado a cada contrata–», lamenta en su escrito. Y no se queda ahí. El funcionario explica al organismo estatal que el asunto sigue su curso en el juzgado sevillano y que además se ha vinculado al llamado «cártel del fuego», la presunta trama de corrupción extendida por varias comunidades que investiga la Audiencia Nacional en torno a la asignación de los servicios de extinción de incendios forestales que podría haber generado un fraude superior a los 100 millones de euros. Pero como, a pesar del contexto expuesto, Medio Ambiente se niega de forma «rotunda», según J. G. D., a enviar la mencionada comunicación en torno a lo sucedido en la mesa del Plan Infoca, lo hace él para que la comisión «ejerza sus competencias». ¿Su objetivo principal? Que «se modifiquen los pliegos de forma que se permita una mayor concurrencia y una mejor utilización del dinero público» y que se evite una colusión que llega a calificar de «obvia» y «grosera».

El funcionario va más allá y asevera «tener fuertes indicios» de que, al margen del «caso Infoca», sucede algo similar en «los contratos de transporte sanitario licitados en la Consejería de Salud y tampoco la Junta de Andalucía ha hecho nada por corregirlo o denunciarlo», advierte.

«No es legítimo», a su juicio, que un contrato de «casi 70 millones de euros que era el presupuesto base de la licitación en el periodo 2015-20018 (o de 93 millones que finalmente con toda seguridad van a ser) nada se redujera y encima los medios aéreos eran lo más malo posible». «Esto no es justo para los ciudadanos», remata.

J. G. D. ha presentado además otra denuncia en similares términos ante la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (ADCA), entidad inserta en el organigrama de la Consejería de Economía y Conocimiento del propio Ejecutivo autonómico y ha ampliado su denuncia judicial, según confirmaron a este periódico fuentes del proceso.

EN EL JUZGADO

Investigados de Faasa piden al juzgado que archive las diligencias y le avisan: no aportarán documentación

La representación procesal de dos de los investigados en el «caso Infoca» ligados a la empresa Faasa Aviación, M. Á. T. C. y G. de A. M., quieren dar carpetazo a la causa por elevación. En un escrito remitido al juzgado instructor y consultado por LA RAZÓN arguyen que la Audiencia Nacional, en concreto el juzgado Central de Instrucción número 6, ha asumido el proceso que arrancó un órgano judicial de Sagunto (Valencia) en el que se investiga a las empresas del sector de medios aéreos para la extinción de incendios forestales, incluida Faasa, en el proceso centrado en el llamado «cártel del fuego». Entienden que no procede por tanto que el juzgado sevillano siga con sus diligencias y anuncian su intención de «abstenerse de presentar cualquier documento o prueba», todo «a salvo del mejor criterio» del juzgado.

Ecologistas en Acción pretende que Anticorrupción actúe por las «graves implicaciones» del caso

Ecologistas en Acción Sevilla ha reiterado por escrito su petición de mantener una entrevista con la fiscal jefe sevillana, María José Segarra, en relación al proceso que arma el juzgado de Instrucción número 8 de la capital hispalense en torno a la adjudicación por parte de la Junta del fletamiento de los medios aéreos para el Plan Infoca en el periodo 2015-2018, máxime, apunta la organización «verde» en su solicitud, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, «cuando se ha producido una ampliación de la denuncia inicial» que hizo germinar el caso en el que se investiga esa asignación contractual. Armando Cáceres, uno de los coordinadores de la organización, adelantó ayer a este periódico que plantearán a Segarra «la necesidad de que actúe la Fiscalía Anticorrupción en este asunto por las graves implicaciones que tiene».