El PP endurece el pulso con la jueza que instruye los cursos y pide su recusación

La filtración del posible archivo de la pieza política y la entrega de la grabación de las declaraciones enfrenta a ambas partes. El Partido Popular entiende que la magistrada se «extralimitó» en sus funciones.

El Partido Popular mantiene un pulso con María Núñez Bolaños, la titular del juzgado de Instrucción 6 de Sevilla que sustituyó en el cargo a Mercedes Alaya. En un escrito elevado al órgano judicial el pasado jueves el bufete de abogados que representa a los populares en la causa reclama la recusación de la magistrada por tomar una decisión sobre la entrega de grabaciones audiovisuales que es –según aducen– competencia exclusiva del secretario judicial. En el trasfondo de la polémica están las tres quejas que ya ha presentado el PP contra Núñez Bolaños en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El Partido Popular reacciona pidiendo la recusación de la magistrada después de recibir un escrito del juzgado el 8 de septiembre, que señala que la petición del PP de obtener una certificación o testimonio de las grabaciones audiovisuales originales de las declaraciones relativas al caso de la formación ya ha sido resuelta mediante una resolución del pasado 15 de julio.

«Mediante escrito de 1 de septiembre de 2016 reiteramos nuestra petición de 19 de julio de 2016, por lo que es materialmente imposible que dicha petición fuese resuelta con fecha 15 de julio, cuatro días antes de su formalización», recoge el escrito consultado por LA RAZÓN.

El asunto nuclear no reside, en cualquier caso, en el posible baile de cifras sino en quién se pronunció sobre la entrega de la certificación de las grabaciones audiovisuales. Entiende la representación letrada del Partido Popular que, tal y como recoge el artículo 145 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, «corresponde al secretario judicial, en exclusiva y plenitud, el ejercicio de la fe pública judicial en las actuaciones procesales·. Concretamente, el secretario judicial será el encargado de expedir «certificaciones o testimonios de las actuaciones judiciales no declaradas secretas ni reservadas a las partes, con expresión del destinatario y el fin para el que se solicitan».

Por tanto, la jueza Núñez Bolaños –siempre según la argumentación jurídica del Partido Popular– «se extralimita» en sus funciones, al ser quien rubrica el auto de 15 de julio de 2016 en el que el Partido Popular requería las grabaciones de las declaraciones. «La magistrada se arroga unas competencias que no le son propias y que legalmente vienen atribuidas a la letrada de la administración de Justicia –la secretaria judicial– con exclusividad y plenitud, lo que provoca la nulidad de pleno derecho de dicha resolución al haberse dictado por un órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia». «La propia letrada reconoce implícitamente esa falta de competencia de la magistrada, cuando es ella quien dicta ahora la diligencia de ordenación que impugnamos», abunda el escrito.

El PP promueve la recusación de la jueza titular del juzgado de Instrucción 6 de Sevilla al concurrir la «causa de abstención» prevista en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. Núñez Bolaños –argumenta el PP– «no sólo tiene interés en el asunto de que se trata, al ser la autora material del auto de 15 de julio de 2016, que se arguye como excusa denegatoria de las certificaciones interesadas, sino que también tiene especial interés en otro en cuya resolución puede influir, como son las diligencias informativas 625/2016 incoadas por el promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial tras la denuncia formalizada en su contra por mi representado y que son el destino definido de las certificaciones interesadas».

Hay que recordar que el PP ha dirigido al Consejo General del Poder Judicial varias quejas contra la jueza instructora de la formación. En el epicentro de estas quejas está la presunta filtración desde el juzgado antes de las segundas elecciones generales del 26 de junio, según la cual la magistrada tendría previsto archivar las diligencias sobre la pieza política del caso. Esta pieza afecta a 24 ex dirigente del Servicio Andaluz de Empleo, entre ellos el ex consejero Antonio Fernández, investigado también en el «caso de los ERE fraudulentos».

El PP insta claramente en su escrito a la imediata expedición de las certificaciones o testimonio de las grabaciones audiovisuales de las declaraciones con el fin de aportarlas a estas diligencias informativas 625/2016 que ocupan al Consejo General del Poder Judicial. Asimismo, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial sería el encargado de resolver sobre la recusación, al ser el «inmediato superior de la señora magistrada». No hay que perder de vista que la mayoría de los miembros que componen el Consejo General del Poder Judicial son a propuesta del Partido Popular. El máximo órgano de gobierno de los jueces ya terció en la pugna entre Núñez Bolaños y Mercedes Alaya por el control de las principales macrocausas –ERE, formación, avales de IDEA–, aunque en esa ocasión avaló la salida inmediata de Alaya.