Empleo plantea dar al personal ocioso del SAE «potestades administrativas»

El Servicio Andaluz de Empleo (SAE) no funciona. Se trata del órgano gestor de la política de empleo de la Junta de Andalucía, adscrito a la Consejería del ramo. El SAE tiene personalidad jurídica y patrimonio propios y tal y como recoge la memoria del Presupuesto de 2016 «está dotado de autonomía administrativa y financiera para el cumplimiento de sus fines». Uno de los principales problemas para su correcto funcionamiento es que el organismo ha ido asumiendo los problemas laborales surgidos en el seno de la Consejería de Empleo con distintos entes instrumentales o trabajadores adscritos a un determinado programa. Para 2016, el Presupuesto recoge 96.484.589 euros para las retribuciones de «otro personal laboral», cantidad que contrasta con la destinada para el personal funcionario y estatutario, que asciende a 3.292.885 euros.

Como han denunciado en varias ocasiones los sindicatos de funcionarios, en el SAE existen trabajadores «ociosos». El Estatuto Básico del Empleado Público reserva determinados trabajos en exclusiva para los funcionarios. Solo ellos pueden ejercer «potestades administrativas», tal y como han avalado los tribunales en varias sentencias. En la práctica, esto supone que hay trabajadores subrogados en el SAE que no pueden realizar muchas funciones. El diputado de Podemos Félix Gil insistió ayer durante la comisión parlamentaria de la Consejería de Empleo en esta problemática: «Muchos de sus trabajadores –le reprochaba al consejero José Sánchez Maldonado– no tienen capacidad legal en muchas áreas porque no son funcionarios y en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos no tienen acceso a la materia». Además, «existe un colectivo importante que no tiene una preparación adecuada y que se encuentran cruzadas de brazos porque no pueden hacer ciertas funciones, y encima cobrando a veces más que los funcionarios, mientras que hay centenares de miles de personas esperando a que les atiendan». El consejero no escondió esta situación aunque la Junta no ha actuado para reconducirla. «Se trata de un asunto que está en el alero y que habrá que ir solucionando más pronto que tarde», dijo.

El diputado de Podemos planteó como solución la convocatoria de unas oposiciones en el SAE y elevar a la categoría de funcionarios de carrera al personal necesario –mediante una convocatoria pública que habría que negociar con los sindicatos–. Lo sorprendente vino con la respuesta del Sánchez Maldonado: «Esa es una alternativa y otra podría ser las de dotarles de potestades administrativas», comentó. Supondría igualar al personal actualmente subrogado en el SAE y que comenzó a trabajar «a dedo» en distintos organismos de la Junta con los funcionarios de carrera. Precisamente lo que denunciaron los sindicatos de empleados públicos con motivo de la polémica ley de reordenación del sector público empresarial que impulsó el Gobierno andaluz durante la presidencia de Griñán.

Uno de los colectivos más numeroso que asumió el SAE fue el de los ex trabajadores de la Fundación Pública Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe). Se trata de un organismo investigado dentro de la causa sobre los cursos de formación financiados por la Junta de Andalucía. Esta misma semana trascendió que la Guardia Civil trata de averiguar si dicho organismo pagó nóminas a personas sin ir a trabajar.

En la anterior legislatura, Sánchez Maldonado reconoció que el SAE había asumido a 1.139 personas que provenían de la Faffe con un coste en nóminas superior a los 24 millones de euros.

La situación actual se ha agravado porque el SAE tiene que hacer frente a sentencias –«contradictorias», justificó Sánchez Maldonado– que obligan en algunos casos a la readmisión de asesores y promotores de empleo que prestaban sus servicios en esta Agencia administrativa, del Servicio Andalucía Orienta y de asesores de empleo Memta. «Algunos despidos se consideran procedentes y otros improcedentes, y otros nulos», por lo que «no hay solución administrativa».

«Exoneraciones masivas»

La Junta quiere recuperar las «exoneraciones masivas» investigadas judicialmente y de las que presumió Susana Díaz que había prescindido. El PSOE presentó ayer una PNL que apoyaron todos los grupos menos el PP-A para permitir que se exceptúe a los ayuntamientos de justificar las ayudas de la Junta para los planes de empleo. La administración, como ocurría con los cursos de formación, no ha revisado esta documentación y los consistorios necesitan cobrar. La Junta estudia recuperar este método. Para el PP supone justificar la «ineficacia» del Ejecutivo.