La jueza de los ERE reclama datos de comisiones superiores al 5%

Pide ahora información a la compañía Generali Seguros sobre las pólizas de rentas de prejubilación abonadas fuera de la comunidad

La instructora del «caso ERE», María Núñez, pretende dibujar un mapa sobre lo que ha sucedido con las sobrecomisiones asociadas a los expedientes de regulación de empleo financiados por la Junta. Si LA RAZÓN adelantó ayer que ya cuenta con datos proporcionados por una entidad bancaria según los cuales el Gobierno andaluz abonó más de 4,6 millones por ese concepto sólo a dos mediadoras, la jueza ha reclamado también, vía providencia fechada el pasado día 25, información a la compañía Generali España de Seguros y Reaseguros sobre las pólizas de rentas de prejubilación en las que se hayan pagado comisiones superiores al cinco por ciento.

Con su movimiento, la magistrada opta por atender la petición expuesta por la representación procesal de un sindicalista de UGT investigado en esa pieza de la «macrocausa» y cursada tras la declaración testifical que prestó en junio el consejero delegado de Generali España.

Núñez busca en la aseguradora un cómplice activo al acordar que ésta remita al juzgado el listado de las pólizas de rentas de prejubilación suscritas «en cualquier zona o territorio de España distinto de Andalucía, en cuya financiación haya participado alguna Administración pública», sea la estatal o cualquier comunidad, y en las que se hayan abonado comisiones del mediador mayores que el mencionado «cinco por ciento del coste total de la prima», a la luz de lo marcado en la providencia. Pretende además que la compañía indique «el porcentaje concreto de comisión» remunerado en cada caso. Y no se queda ahí.

Demanda también otra relación de las pólizas formalizadas fuera de la comunidad y que hayan sido financiadas «exclusivamente por las empresas sin participación pública», pero en las que, igualmente, se cobraran comisiones mayores del porcentaje marcado, anotando el que se haya pagado cada vez.

El juzgado sevillano, el de Instrucción número 6, aguarda más documentación ligada a esas comisiones. Se trata de la ampliación de un informe que ya elaboró la Dirección General de Seguros, dependiente del Ministerio de Economía, que Núñez solicitó en mayo, tras plantearlo la defensa de otro sindicalista, entonces de CC OO. Ese ente sostiene que en los ERE financiados por el Gobierno andaluz se sufragaron comisiones «significativamente superiores a la media de mercado», que rondaba entonces el dos por ciento, «según datos del sector», y que la Junta habría sufragado un exceso de 66.155.573 euros por ellas. Los técnicos analizaron las pólizas del periodo comprendido entre 2000 y 2011 y la instructora les pidió que extendieran los márgenes de su estudio para concretar «la totalidad de las actuaciones» en virtud de las cuales concluyeron que era el dos por ciento «la comisión de referencia». Fuentes del caso deslizan que, «de que se pueda demostrar que eso era así, dependerá que se desinfle o no» otra pata de los ERE.