La Junta insiste en la fórmula de venta y alquiler pese al «agujero» de 2014

El contrato está a expensas de una posible revisión por parte de la oficina de contabilidad de la Unión Europea

El Gobierno andaluz insiste en la fórmula de «sale and leaseback» –venta y alquiler de los inmuebles enajenados– pese al quebranto que supuso para las arcas públicas la operación que se llevó a cabo en diciembre del año 2014, según constata un informe de la Cámara de Cuentas que se conoció el miércoles.

Así las cosas, la Ley de Presupuestos de 2017 contiene una disposición adicional, la decimotercera, bajo el epígrafe «autorización para operaciones de enajenación de inmuebles, endeudamiento y celebración de contratos de arrendamiento». La normativa faculta a la titular de la Consejería de Hacienda «para la enajenación directa y a título oneroso de los bienes inmuebles, cualquiera que sea su valor, que autorice el Consejo de Gobierno durante el ejercicio 2017». Por una parte, el Ejecutivo autoriza a la Consejería de Hacienda a suscribir contratos de arrendamiento de hasta 35 años con los inmuebles previamente enajenados. Eso fue justo lo que realizó la Junta en diciembre de 2014 con un paquete de 70 edificios. De otra, autoriza a las entidades instrumentales –empresas de de la denominada «administración paralela»– para endeudarse para la adquisición de estos inmuebles. Una operación que también ha levantado suspicacias al poder implicar un endeudamiento de la Administración por la puerta de atrás de su anillo de empresas públicas.

La Cámara de Cuentas detecta en su informe que la operación de venta y posterior alquiler de 70 inmuebles a un fondo «buitre» en diciembre de 2014 ha supuesto un quebranto para las arcas públicas de 131,73 millones de euros. La Administración recibió 300 millones de euros, que fueron cruciales para que el Ejecutivo autonómico se acercara al cumplimiento del objetivo de déficit. No obstante, el máximo órgano de fiscalización externa avisa de que la Junta no dispondrá de estas sedes administrativas para la prestación de sus servicios en 2034. El contrato de alquiler suscrito es de 20 años a razón de 23,6 millones de euros anuales. En ese momento, por tanto, tendrá que buscar nuevas oficinas. Hay otro detalle del informe de la Cámara de Cuentas que no pasa desapercibido y es que la Junta se expone a una revisión de los términos de la enajenación por parte de Eurostat, la oficina de contabilidad de la UE. «Las conclusiones relativas a este contrato están supeditadas a un posible análisis del mismo por parte de Eurostat, quien podría proponer una modificación de la metodología utilizada para la evaluación del contrato, lo que supondría realizar un nuevo análisis sobre la base de otros criterios que podría alterar el resultado dado por el comité».