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La trastienda de la independencia

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* Profesor titular de Economía y director de la Cátedra de Economía de la Energía y Medio Ambiente de la Universidad de Sevilla, e investigador asociado Universidad Autónoma de Chile

José Manuel Cansino*. 

Tiempo de lectura 8 min.

17 de septiembre de 2017. 21:00h

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Hasta 2008 todo era color de rosas, no sólo para quienes se embriagaban de la burbuja inmobiliaria, también para quienes alimentaban la burbuja administrativa. Las comunidades autónomas disfrutaban de un sistema de financiación indiciado (vinculado automáticamente) al crecimiento de la recaudación impositiva. Fue una exigencia de los ahora secesionistas catalanes al entonces presidente Aznar. El propio líder del PP había desactivado la tensión anual en la subida de las pensiones con el mismo automatismo introducido en 1997 y en vigor hasta la reforma de 2013. Con una economía española creciendo a un ritmo anual promedio del 3%, las arcas de la Hacienda del Estado se llenaban holgadamente. De forma automática, una parte importante de estos recursos iban a parar a las autonomías, gracias al sistema de financiación en vigor.

El crecimiento sostenido de los ingresos regionales permitió a los dirigentes autonómicos acentuar la ya importante red clientelar a través de la denominada administración pública paralela: agencias públicas, consorcios y empresas públicas, principalmente. Fuese cual fuese el color político del gobierno regional, la burbuja de la Administración pública engordaba por igual en toda España.

Con todo, sí había una diferencia entre regiones: el crecimiento de la deuda catalana ya mostraba síntomas preocupantes. En 2007, ascendía a 15.776 millones, de euros mientras que en Andalucía se situaba en 7.177 millones. Un dato inquietante, porque este endeudamiento se producía a pesar del fuerte crecimiento de sus ingresos. Malos síntomas que se manifestaron al poco tiempo: 35.616 millones en 2010 y 75.443, millones en este año de 2017.

El fuerte incremento del endeudamiento se agravó con el estallido de la crisis en 2008 dando lugar al desplome de la recaudación tributaria en España (particularmente la derivada del negocio inmobiliario), y que tuvo como consecuencia fuertes déficit públicos. El déficit español pasó de 49.371 millones de euros en 2008 a 118.222 el año siguiente. El sistema de financiación autonómico indiciado a la evolución de los impuestos se derrumbó como consecuencia de este automatismo.

En suma, si grave era la situación de las arcas regionales, la situación de Cataluña era alarmante, pues al hundimiento de los ingresos se unió a una colosal deuda. La financiación de servicios públicos básicos como la sanidad o la educación (transferidos por igual entre gobiernos del PSOE y el PP) se enfrentó entonces a una situación de riesgo de colapso.

La situación no hizo más que empeorar hasta que, con una prima de riesgo que obligaba a pagar a España un 7,7% por cada euro que pedía prestado, el sábado 9 de junio de 2012, el entonces y ahora ministro de Economía, Luis de Guindos ,anunció públicamente que España había solicitado formalmente a la Unión Europea un rescate «suave» para sanear el sistema financiero español. El adjetivo «suave» y el estar limitado sólo a sanear el sistema financiero, marcaba la diferencia con las situaciones de Grecia, Irlanda y Portugal. Una diferencia que, a la postre, funcionó bastante mejor de lo que se esperaba.

Por tanto, formalmente España no fue «rescatada», pero sí tuvo que cumplir unas exigencias de ajuste presupuestario, que se parecían mucho a las de un rescate convencional muy al gusto de Alemania, principal economía de la zona y una de las más reacias a la generalización de las acciones de rescate.

Una de estas condiciones era desactivar la disparatada situación financiera de las comunidades autónomas desde la perspectiva de su endeudamiento, situación que en Cataluña alcanzaba cotas delirantes. Con un sistema de financiación haciendo aguas por su vinculación al comportamiento de los ingresos, era materialmente imposible atender las obligaciones financieras, so pena de desarmar servicios fundamentales como la sanidad o la educación. Al no admitirse en el seno de la Unión Europea quiebras en la haciendas regionales, el Estado fue asumiendo paulatinamente la deuda pública catalana. De hecho, hoy en día es el principal acreedor, al tener más de la mitad de la misma.

El rescate «suave» también exigía el control del gasto, en especial del Estado y de la autonomía más díscola: Cataluña. Así, el déficit público español bajó de los 108.886 millones de euros en 2012 (año del rescate) a los 71.836 millones en 2103. La herramienta para controlar el gasto autonómico fueron las Intervenciones Generales de todas las CC AA. Estos departamentos administrativos recopilan información del gasto y lo envían mensualmente a la institución central: la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que, a su vez, la remite a Bruselas para permitir la supervisión de nuestros «rescatadores».

Además, un nuevo instrumento de financiación vino en auxilio; el denominado Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), auténtico pulmón financiero de todas las administraciones regionales, pero principalmente de Cataluña, la más endeudada. Ahora bien, el FLA no era una fuente de recursos incondicionada (recursos a gastar de forma discrecional, por no decir arbitraria, del que los recibe), sino que está condicionado a necesidades concretas, de suerte que el político no puede gestionarlo a su antojo.

En consecuencia, la fotografía que se dibujó después del rescate en 2012 era una en la que los tejedores de las redes clientelares autonómicas tenían las manos prácticamente atadas. De crear instituciones en las que el principal capítulo de gastos era el que corresponde a sueldos y salarios, pasaron a tener que justificar desde realizar un viaje hasta la compra de una corbata. El resultado era evidente: enfado mayúsculo de la clase política gobernante y de toda la red clientelar. ¿Dónde alcanzaba el mayor nivel este enfado? Naturalmente, en Cataluña.

Efectivamente, mientras el resto de los representantes de las CC AA aguantaban el chaparrón de este riguroso control del gasto, la Generalidad catalana se rebeló. Ésta se resistía a contentarse con ser una administración de perfil plano, gestionando las necesidades de ancianos, niños y enfermos. Una rebelión que se manifestó cuando el presidente Mas se inventó el famoso «pacto fiscal», con el que demandaba un trato privilegiado como el que tienen los tres territorios vascos y Navarra. El fundamento de su petición fue el famoso «Enpanya ens roba», que sólo fue desmontado ante la opinión pública cuando el Ministerio de Hacienda publicó las balanzas fiscales, cosa que podía haber hecho desde hacía años.

La reivindicación del nacionalismo catalán, que ya iba camino del secesionismo era quedarse con una parte muy importante del superávit fiscal de Barcelona (no de Cataluña), pues junto con Madrid son los pulmones económicos más importantes de España. El presidente de la Generalidad no buscaba otra cosa que regresar a la situación de vino y rosas, previa al rescate y sus dolorosas reglas, que le impedían gastar sin dar cuenta.

¿Por qué no se permitió entonces el pacto fiscal ni se permitirá ahora? En parte porque la experiencia vasca no es precisamente positiva. En parte porque la sociedad española, por primera vez desde el inicio de la Transición, fue consciente de que este tipo de estrategias tenían que tener fecha de caducidad. La vieja política de paz (acallar al nacionalismo) por dinero y territorios (más competencias) no tendría fin y, además, el Estado ya tenía un papel residual.

Pero había otra razón: nuestros supervisores de la Unión Europea. Por un lado, dar soberanía fiscal a una hacienda con la trayectoria de la catalana es inasumible para la ortodoxia financiera de los países centroeuropeos. Por otro lado supondría malgastar los esfuerzos de control del gasto de los últimos años. No permitirán la vuelta a las andadas de la burbuja administrativa. El dinero no está para, por ejemplo, embajadas en el extranjero, o que TV3 genere un gasto igual o superior al de las cuatro cadenas privadas más importante juntas. En Europa no gusta la «barra libre». Además, el pacto fiscal inexorablemente reduciría la financiación de las otras catorce regiones de régimen de financiación común. De esto no sólo es consciente el PP; también el PSOE lo sabe bien.

El resto de la historia ya lo sabemos todos. Una huida hacia adelante en toda regla. Un pulso al Estado de Derecho como no se había visto antes. Una Europa occidental perpleja ante tanta irresponsabilidad y contumacia. Un espectáculo profundamente degradante en términos de respeto al orden constitucional. Un innegable descrédito ante nuestros socios de la Unión Europea que no dejan de pensar qué hemos hecho mal para llegar a una situación tan disparatada. Y, por último, un incierto futuro, que únicamente tornará seguro, si somos capaces verdaderamente de desactivar estas conductas temerarias y responder, sin miedos ni complejos, a los importantes retos que, como un relevante miembro de la Unión Europea, vamos a tener a lo largo de los próximos años.

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