Colau vetará a las empresas que evadan impuestos

El Ayuntamiento se compromete a evitar contratos con compañías que desvíen fondos a paraísos fiscales

El Ayuntamiento de Barcelona evitará contratar a empresas que, directamente o mediante filiales o sociedades pantalla, desvíen fondos a paraísos fiscales con la intención de evadir sus obligaciones tributarias, ha informado hoy el consistorio.

La alcaldesa Ada Colau ha firmado un decreto de alcaldía que establece, como cláusula esencial de los contratos públicos municipales, que el contratista no efectúe operaciones financieras en paraísos fiscales que puedan considerarse delictivas, obliga a declarar si tiene relaciones con estos países y prevé penalizaciones o incluso la resolución de los contratos si falsean esta declaración.

De este modo, en fase de licitación, todas las empresas que quieran contratar con el Ayuntamiento tendrán que declarar si tienen relaciones con países considerados como paraísos fiscales. Las empresas que reconozcan que sí tienen alguna relación en alguno de estos países tendrán que aportar la documentación que explicite el carácter de estas relaciones, y la información que no se confidencial se publicará en el perfil del contratante.

El primer teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, presentó ayer esta medida, que, según destacó, «es pionera en el conjunto del Estado», y puseo énfasis en que, con este paso, el Ayuntamiento de Barcelona va más allá de la declaración política de ser una ciudad libre de paraísos fiscales.

Pisarello destacó que, lo que hace Barcelona, es «concretar la iniciativa de muchos Ayuntamientos de declararse ciudades libres de paraísos fiscales, aprovechando los resquicios de la Ley de Contratación Pública para introducir las consecuencias concretas que tiene esta actividad».

El teniente de alcalde subrayó que la medida introduce «transparencia y lealtad en la competencia, ya que la evasión fiscal es una medida que permite a las grandes corporaciones tener posiciones de ventajas frente a las pequeñas o medianas empresas o las cooperativas».

Pisarello explicó que este cambio técnico en la regulación de los contratos públicos del Ayuntamiento de Barcelona no se aplicará de forma retroactiva.

El primer teniente de alcalde insistió en el compromiso del gobierno municipal en desarrollar una política de contratación pública socialmente, laboralmente y ambientalmente y responsable.