El juez ordena un barrido de teléfonos en la zona del sabotaje

La Audiencia Nacional investiga ya los cortes de cable de fibra óptica que el pasado jueves obligaron a interrumpir el servicio del AVE a Barcelona durante tres horas (no recuperó la normalidad hasta pasadas nueve horas), un incidente que afectó a 13.000 viajeros.

La Audiencia Nacional investiga ya los cortes de cable de fibra óptica que el pasado jueves obligaron a interrumpir el servicio del AVE a Barcelona durante tres horas (no recuperó la normalidad hasta pasadas nueve horas), un incidente que afectó a 13.000 viajeros. El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de este tribunal, Juan Pablo González, ha ordenado un barrido telefónico para localizar a los usuarios de los móviles que estaban en el área de cobertura del repetidor de La Garriga (Barcelona) más próximo al lugar de los hechos, según confirmaron fuentes jurídicas. Ésta es la primera diligencia acordada por el magistrado, a instancias de la propia Policía y con el visto bueno de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, para intentar esclarecer lo sucedido.

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 –de guardia esta semana en la Audiencia Nacional– abrió diligencias el mismo día del incidente a instancias de la Policía, tras la denuncia interpuesta por Adif, el administrador de infraestructuras ferroviarias.

Será ahora la Policía la que tendrá que solicitar a las compañías de telefonía móvil los datos necesarios para que los agentes avancen en la investigación y puedan elaborar el informe pericial con el listado de llamadas, una diligencia habitual en causas por terrorismo, para intentar estrechar el cerco sobre los posibles autores del sabotaje.

Según confirmaron fuentes jurídicas, el magistrado trata de arrojar luz sobre «la autoría y naturaleza del hecho» para determinar si pudo cometerse un delito de estragos terroristas, que justificaría que sea la Audiencia Nacional la competente para investigar lo sucedido. En caso contrario, las actuaciones se remitirán al juzgado al que territorialmente le corresponda la competencia en el lugar de los hechos (término municipal de La Garriga, en Barcelona).

Y es que un juez de Vilafranca del Penedés (Barcelona) ya ha incoado diligencias para investigar el corte de fibra óptica. Si finalmente se descarta que los hechos puedan ser encuadrados en un delito de terrorismo, el juez de la Audiencia Nacional se inhibirá en favor de los juzgados de Vilafranca del Penedés. Los Mossos d’Esquadra, por otro lado, también han abierto una investigación para identificar a los responsables de los cortes.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció ayer la puesta en marcha de la investigación judicial tras asegurar que el corte en la línea de alta velocidad «podría ser un sabotaje» y calificar los hechos de «extrema gravedad», por lo que reclamó la colaboración de «todas las administraciones» para avanzar en la investigación.

El artículo 573 bis del Código Penal castiga con penas de 15 a 20 años de cárcel los delitos de estragos terroristas, al que habitualmente son condenados los terroristas autores de atentados e incluso los responsables de actos de «kale borroka» (violencia callejera).

El secretario de Estado de seguridad, Francisco Martínez, afirmó ayer en Sevilla que «lo que es seguro es que no se trató de un hecho fortuito, de un accidente, sino que hubo un elemento intencional por parte de alguien». En su opinión, aunque se ha evolucionado desde el robo al sabotaje, todas las hipótesis están encima de la mesa de los investigadores.