Lucha interna entre okupas por los espacios municipales

Los más radicales no quieren establecerse en un centro autorizado; otros discuten acerca de qué colectivo de todos los que conviven en un centro social es el más importante para que figure como el titular.

El anuncio de cesión de espacios municipales para colectivos, hasta ahora, okupas, ha desatado una guerra interna en muchos centros sociales autogestionados por dos cuestiones. Por un lado, hay activistas que consideran que inscribirse como asociación y acceder a establecerse en un espacio autorizado iría contra la propia esencia del movimiento okupa y no están dispuestos a cumplir con los protocolos establecidos por un sistema en el que no creen. Y es que, para gran parte del movimiento okupa (red skins, anarquistas y gran parte de antifascistas) no son más que parte del sistema que han llegado a las instituciones para hacer lo mismo que el resto y, ni mucho menos, están de acuerdo con las políticas de Ahora Madrid ni las de Podemos. Hay otros que les consideran unos «vendidos». En cualquier caso, la hostilidad es similar que para el resto de la clase política y empresarios.

Por otro lado, hay una corriente que sí estaría dispuesta a solicitar un espacio municipal al nuevo equipo de Gobierno de la capital. Son precisamente estos colectivos quienes están enfrentados a cuenta de quién va a figurar como entidad jurídica autorizada a okupar legalmente un espacio público. En muchas okupas viven sólo individuos de ideología y estética radical de izquierdas sin más aspiración que continuar viviendo en un edificio sin pagar alquiler y enganchando la luz pero en los C. S. A. (centro social autogestionado), donde realizan talleres, coloquios y otras actividades muchas veces conviven varios colectivos con distintos nombres y distintas inquietudes. Algunos quieren que figure su nombre en la titularidad de la cesión municipal y otros prefieren, sin embargo, que figure el de otro (por posibles represalias ante futuras acciones que serían complicadas de respaldar por el Ayuntamiento, como podrían ser manifestaciones violentas) pero sí hacer uso del edificio otorgado. Aunque suelan discutir todas estas cuestiones es reuniones asmblearias que a veces se eternizan durante horas este tema está creando especial confrontación entre algunos colectivos por la subjetuvidad que supone nombrar al «representante» que tenga más peso. «A ver cómo acaban. Pueden llegar a boicotearse entre ellos, y los próximos meses van a ser muy movidos», reconoce un agente especializado en el movimiento okupa. El principal escollo para que cualquier colectivo pueda acceder a un espacio cedido por el Ayuntamiento es que prácticamente ninguno está constituido legalmente como personalidad jurídica, un requisito imprescindible. Según la normativa municipal vigente, para acceder a la cesión de un local las asociaciones deben estar inscritas en el Registro de entidades de interés público y sólo podrían pedirlo después de dos años de inscripción y con una labor social reconocida en el distrito. Sin embargo, la obligatoria inscripción no parece imprescindible para disfrutar de un espacio municipal, ya que podría hacerlo otra entidad en su nombre, algo que podría ocurrir con Patio Maravillas y similares.