Dura Lex, sed Lex

«Sin desobediencia no hay independencia» es el eslogan que empieza a circular entre los medios nacionalistas catalanes, mientras preparan una legislatura caliente para el nuevo gobierno de Rajoy, con profusión de gestos rupturistas, burlas a la legalidad y desacatos a los tribunales españoles. Los separatistas conocen bien la debilidad de España ante el desafío secesionista. El 25 de mayo de 1984 Jordi Pujol fue reelegido presidente de la Generalitat por 87 votos (Convergencia, Esquerra Republicana y Alianza Popular) contra 44 votos (Socialistas y comunistas). Mientras se producía esta votación en el hemiciclo, en el exterior del Parlament decenas de miles de personas se concentraron para vitorearle y pedir la desobediencia a los tribunales españoles por el asunto de Banca Catalana. Pujol salió del Parlament rodeado de una masa enfervorecida que le acompañó hasta la plaza de Sant Jaume, mientras se lanzaban rosas a la comitiva a su paso por las calles de la ciudad condal. «El Gobierno central ha hecho una jugada indigna», gritó un Pujol enardecido desde el balcón de la Generalitat, ofendido por la querella que contra él y otros 24 ex dirigentes de Banca Catalana interpuso el fiscal general del Estado. «En adelante», añadió, «de ética y moral hablaremos nosotros. No ellos». El discurso de la desobediencia y de la superioridad moral de los separatistas empezó a ganar y los defensores del orden constitucional empezaron una ordenada retirada de la Cataluña oficial. De aquellos polvos estos lodos. «Hemos de ser capaces de hacer entender a todos, fuera de aquí, que con Cataluña no se juega y que no vale el juego sucio», desafiante, clamó un Pujol extasiado con su victoria, y dio las gracias a los presentes, para acto seguido dirigir el canto de «Els Segadors», que se entonó con emocionante vibración patriótica, según las hemerotecas. Jordi Pujol recibió una querella de la Fiscalía general del estado por los presuntos delitos de apropiación indebida y maquinación para alterar el precio de las cosas en el llamado «caso Banca Catalana». En noviembre de 1986 el pleno de la Audiencia de Barcelona decidió desestimar la querella, 33 magistrados votaron en contra de procesar a Pujol al estimar que no había indicios racionales de criminalidad en su actuación como vicepresidente ejecutivo de Banca Catalana, y sólo 8 jueces se pronunciaron a favor del procesamiento. Jordi Pujol amenazó con la desobediencia y nació la leyenda del Estado contra Cataluña. El ex fiscal jefe del TSJC, José María Mena manifestó años después: «No ha habido nunca ni oasis catalán, porque todos iban del mismo lado, ni ‘omertà’, porque no hubo silencio y porque era clamoroso lo que estaba pasando. Ha habido impunidad».

El próximo septiembre de 2017 decenas de miles de personas saldrán a las calles de Barcelona para acompañar a sus líderes imputados por desobediencia, tal y como están anunciando reiteradamente. ¿Sera el estado español capaz de aplicar la ley? Después de la manifestación de mayo de 1984, un Pujol eufórico afirmaría. «Hoy hemos hecho una cosa bien hecha, de la que hablará la historia. No lo dudéis, el de hoy es un acto histórico». Los nacionalistas reaccionaron contra los fiscales en 1984 señalándolos como los enemigos de Cataluña. En los próximos meses los actos de desobediencia se multiplicarán en Cataluña y sus autores se creerán impunes. ¿O no? Dura lex, sed lex.