El «a priori»

Finalmente se aprobaron los Presupuestos Generales del Estado y casi toda la información que ha sido publicada se centró en el mercadeo parlamentario que se ha desprendido de la negociación.

Es verdad que se ha vuelto a comprobar que el ideario de los nacionalistas es muy versátil, pudiendo vincularse bien a sus aspiraciones más o menos lejanas de autodeterminación o mutando sus aspiraciones para aterrizar en otro terreno en el que se mueven realmente bien: la negociación del dinero del Estado.

De esta manera, se ha subrayado en todos los medios de comunicación que el voto del PNV ha tenido un precio elevado, cuantificado en una rebaja del cupo de más de 500 millones anuales y otros 1.400 millones de euros a cuenta de la cantidad total aportada por el Gobierno vasco estos últimos años y que había sido objeto de controversia en los últimos periodos. Por su parte, Nueva Canarias pellizca de los presupuestos algo más de 200 millones y bonificaciones para el transporte, inversiones necesarias para las islas, pero que su obtención no ha sido producto de la racionalidad política, sino de la numérica.

Sin embargo, hay grandes asuntos de país que no han sido abordados y que debería haberse realizado un esfuerzo en ello. España necesita cambios económicos estructurales que si no se realizan de la mano de políticas públicas prudentes que mitiguen el dolor que se produce en toda transformación lo hará el mercado a las bravas y sin compasión.

En las grandes reconversiones de sectores económicos importantes los gobiernos tuvieron una sensibilidad especial. Un buen ejemplo fue la reconversión industrial en la etapa más dura, entre 1983-86, recién estrenado el primer Gobierno de Felipe González.

Resulta inconcebible que en un sector como el de la construcción, que llegó a representar casi el 20% del PIB, estando hoy escasamente en el 6% y con la certeza de que en el futuro no volverá a las cotas del pasado, no se haya sido capaz de concretar medidas paliativas que amortigüen la situación de miles de personas y que actúen como catalizadores de la transformación del capital humano y físico en nuevos sectores. La falta de sensibilidad ha sido tal, que ni se le ha puesto nombre al problema.

Otro de los grandes asuntos para un debate sereno tiene que ver con la estrategia del ministro de Fomento, el Sr. Íñigo de la Serna, de poner en marcha un nuevo plan de internacionalización para ayudar a las empresas de infraestructuras españolas.

El Gobierno ha marcado como gran prioridad en esta legislatura impulsar el proceso de crecimiento exterior de las empresas españolas de infraestructuras. El debate se genera sobre la bonanza o no de la internacionalización de las empresas públicas.

Después del fracaso del Canal de Isabel II, no solo en términos de escándalo sino de oportunidad económica, y de los resultados que han obtenido con la internacionalización las grandes empresas privadas como Abengoa, Isolux, OHL o FCC, que les han situado en una situación financiera como poco delicada. Debería distinguirse, por tanto, entre apoyar al sector privado y comprometerse.

Alguien debería proponer un plan energético de futuro y qué tipo de estructura económica queremos y podemos conseguir. A partir de ahí, podremos reevaluar los problemas demográficos a los que nos enfrentamos y asegurar la sostenibilidad del tan debatido Estado de Bienestar.

Un momento oportuno para estos debates coincide con la aprobación de los Presupuestos, pero de estas cuestiones no se ha escuchado una palabra. Claro que hay un a priori, exige solvencia y abandonar posiciones cortoplacistas.