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Venezuela, dictadura sin futuro

Tiempo de lectura 4 min.

14 de noviembre de 2017. 23:51h

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14/11/2017

La agencia de calificación de riesgos financieros Standard&Poors ha declarado la deuda soberana de Venezuela en «impago», lo que supone certificar la quiebra técnica del Estado bolivariano. Como viene siendo habitual en el régimen socialista que preside Nicolás Maduro, Caracas ha culpado a las sanciones exteriores de sus crecientes dificultades para hacer frente a las responsabilidades contraídas y, en un doble salto mortal, ha pedido a sus acreedores que presionen a Washington si es que quieren cobrar. Nada más hubo en la macroreunión mantenida el pasado lunes por el Gobierno venezolano con los representantes de los tenedores de bonos soberanos, abocados, en el mejor de los casos, a una refinanciación de la deuda en condiciones que aún se desconocen. La situación, sin embargo, no debería haber sorprendido a nadie que estuviera atento a la mala evolución económica de la gran potencia petrolera suramericana, cuyo Producto Interior Bruto ha decrecido un 36 por ciento en los últimos cinco años, una caída inédita en la historia contemporánea, salvo en casos de países en guerra. Si, prácticamente, ha desaparecido el tejido industrial venezolano, incapaz de sobrevivir al dirigismo económico del régimen socialista, es la gran industria petrolera estatal, PDVSA, el paradigma de la ineficiencia y la corrupción que rodea al chavismo y, por ende, la causa de que Caracas sea incapaz de hacer frente a los intereses de la deuda para el próximo año. El pasado mes de octubre, la producción de petróleo venezolano cayó por debajo de los 2 millones de barriles diarios, algo que no ocurría desde hace tres décadas. En cifras globales, PDVSA ha reducido su producción en un 20 por ciento desde que el Gobierno de Hugo Chávez la intervino, mientras que ha multiplicado por cinco el número de empleados, hasta los 175.000, muchos de los cuales desempeñan funciones que nada tienen que ver con la industria del crudo. De PDVSA depende financieramente medio centenar de empresas deficitarias, dedicadas a mantener la política clientelar del régimen y foco de una corrupción que ya es endémica, y que en los últimos meses ha supuesto el encarcelamiento o despido de dos docenas de directivos medios bajo acusaciones diversas. Las deudas de la empresa petrolera, que se ha visto obligada a importar crudo, pese a tener las mayores reservas del mundo, superan los 43.000 millones de dólares, con el agravante de que buena parte de su producción ya está comprometida con Rusia y China para hacer frente a los créditos extraordinarios otorgados al Gobierno de Nicolás Maduro. Ni siquiera la prevista subida de los precios del crudo, que ya está por encima de los sesenta dólares el barril, podrá compensar la mala gestión de una industria que supone el 95 por ciento de los ingresos de divisas del país. En realidad, lo que el mundo contempla, una vez más, en Venezuela es el destino inexorable de todos los estados socialistas, no importa la denominación que adopten. Una economía dirigida por un Gobierno sin controles democráticos, con el Poder Judicial cooptado y con un Poder Legislativo secuestrado, conduce a la ineficacia y a una corrupción nutrida en la arbitrariedad y la impunidad. No en vano, muchos de los tenedores de la deuda pública de Venezuela son los propios chavistas, enriquecido por el régimen, que tratan así de blanquear unos capitales de más que dudosa procedencia. Venezuela es hoy una dictadura comunista sin futuro para la mayoría de sus ciudadanos, compelidos a la sumisión al Gobierno o a la emigración. Una dictadura en su fase final, donde los últimos reductos opositores se debaten en el desaliento de la impotencia.

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