El Valle de los Caídos

El Valle de los Caídos, ese santuario cercano a Madrid pero que es de todos, un lugar en que yacen muchos de aquellos que murieron con ocasión de nuestra guerra civil. Un lugar que no puede dejar de divisarse, que nunca pasa inadvertido, un monte que se adelanta, que nos hace señas para que lo veamos, y que nos atrae misteriosamente. Un rincón presidido por una cruz, la más grande de todas las que existen. El símbolo máximo de nuestra cultura, la Cruz, que en dicho lugar evoca y conjura las penalidades de la contienda, tanto como aquellas de quienes entregaron su esfuerzo para construir el impresionante monumento, imagen del dolor y ocasión de la esperanza.

Los mandatarios del pueblo están llamados a impulsar la justicia, promoviendo el bien de los españoles. Así lo proclama el preámbulo de nuestra Constitución. Asimismo, como indica el mismo texto, nuestros representantes tienen confiada la noble misión de garantizar la convivencia, asegurando el imperio de la ley. En este sentido, el día 19-11-02, el Congreso de los Diputados aprobó una solemne declaración, que afirma que nadie está legitimado para emplear la violencia para imponer sus convicciones, resultando adecuado mantener el espíritu de concordia que presidió la elaboración de la Constitución, facilitando de este modo el tránsito pacífico a la democracia.

El Valle de los Caídos aparece definido y regulado en una de nuestras grandes leyes, aprobada por la novena legislatura en diciembre de 2007, la llamada ley de Memoria Histórica. Una norma que proclama el derecho de los ciudadanos a que los símbolos públicos sean ocasión de encuentro, jamás de enfrentamiento. Un documento jurídico de gran valor, que considera el valle como un lugar de culto, y por tanto legitima la generosa presencia de una comunidad, un grupo de hombres buenos que allí se reúnen cada día, para decir la plegaria por los muertos (2 Macabeos 12, 42).

Un santuario amparado por la ley de Libertad Religiosa, que proclama el derecho fundamental de rendir culto sin coacción, y de recibir una sepultura digna, según el ritual del propio credo, sin más limitación que la que impone la defensa del orden público. Un lugar de encuentro, protegido por la ley de Memoria Histórica, en cuyo debate parlamentario se desestimó la enmienda que propugnaba convertir el valle en un museo, y también la que proponía retirar los restos de algunas personas, para situarlos fuera de dicho mundo de silencio.

Una ley inteligente, perspicaz, conciliadora, que prohíbe que en todo el recinto se lleven a cabo actos de naturaleza política. Una norma de diálogo y consenso, que proclama que el valle tiene por objeto preservar y reverenciar la memoria de las personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil. Una ley para la historia, que nos recuerda que la finalidad de la permanencia del santuario es la reconciliación de los españoles.

Permanencia de quienes lucharon y entregaron la vida por una España mejor, donde los derechos de los más desfavorecidos fueran los más respetados, una España de espíritu humanista, de solidaridad de todos para todos, una nación de valores altruistas, condensados en los principios de una República libre, democrática, laica, avanzada, plural y representativa. Permanencia también de quienes cayeron defendiendo los valores tradicionales, luchando por la libertad de rendir culto a Dios en una patria libre y grande, integradora de sus pueblos, una nación antigua e inmortal, unida por la lealtad a la Corona.

Un santuario para la Historia, que nunca es igual para todos, porque como dice Borges («Menard») es la madre de la verdad, no la indagación de la realidad, sino su origen, no es lo que pasó, sino lo que creemos que pasó.

Un valle para todos los caídos, el lugar que debe recordarnos el espíritu y voluntad de nuestro parlamento democrático, cuando afirmó en la exposición de motivos de la ley de la Memoria que la Transición fue capaz de producir un nuevo modelo de convivencia, el más fecundo de cuantos jamás hayamos conocido.