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Un mar de litigios

Cuando todo atisbo de lealtad y responsabilidad se ha esfumado, es un sinsentido tolerar que los responsables de tanta aberración sigan en el ejercicio de sus funciones, porque es absurdo mantener intacta una fuente de la que emana un veneno jurídico, no cegarla y, en cambio, optar por el tortuoso empeño de combatir ante los tribunales todas sus acciones

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Tiempo de lectura 4 min.

30 de septiembre de 2017. 15:02h

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Si el Derecho es la razón sin la pasión, poco puede hacer en el caso catalán donde impera y sobra pasión y poco espacio tiene la razón. El problema de raíz es un gobierno autonómico, un parlamento y, en alegre camaradería, unos ayuntamientos que rechazan las normas del Estado y a las decisiones de sus tribunales cuya legitimidad no reconocen, en especial del Constitucional: la misma monserga que durante décadas hemos oído decir a los etarras, sólo que ahora lo dicen los poderes públicos catalanes, cuya legitimidad nace de ese ordenamiento que repudian.

El «problema catalán» viene de lejos, pero ahora y en lo jurídico el detonante fue lo que impulsó Zapatero, primero formando un tripartito de socialistas, comunistas e independentistas que elaboró el actual Estatuto de Autonomía y luego comprometiéndose a asumir lo que viniese de Cataluña. Así nació en 2006 un Estatuto que tenía hechuras de texto constitucional y por medio del cual una región le decía al resto de España cómo quería vincularse a ella y qué espacio jurídico residual le dejaba en Cataluña. Además, recuérdese que derogó el delito de celebración de consultas ilegales.

Cómo sería su inconstitucionalidad que el impulsor del Estatuto, Maragall, admitió que lo mejor habría sido ir a las claras y reformar la Constitución y no lo contrario, que con una norma de origen autonómico pretendiese reformar la Constitución. Llovieron así los recursos y Cataluña tomó como una afrenta no ya que se enmendase su Estatuto, sino el hecho de impugnarlo ante el Tribunal Constitucional, que interpretó cómo esa norma sería compatible con la Constitución y, fundamentalmente, negó la posibilidad de hacerse con el gran botín que el nacionalismo apetece: diseñar su propia Justicia, llave maestra para la impunidad.

Desde 2010 en que se inicia ese proceso para la independencia, para la desconexión o para ejercer el derecho a decidir o para lo que sea, hemos asistido a una larga lista de pronunciamientos del Tribunal Constitucional, de los tribunales ordinarios y hasta del Tribunal de Cuentas. No quiero aburrirles relacionando rosario de resoluciones del Tribunal Constitucional dictadas en estos tortuosos once años, en los que llevo contados unos treinta pronunciamientos hasta hoy y no sólo sobre cuestiones mollares como ley de consultas, convocatoria de referéndum o ley de desconexión, sino también sobre cuestiones accidentales o incidentales.

Y a este panorama hay que añadir en menor número los pronunciamientos del Tribunal Supremo, más las actuaciones penales seguidas tanto ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como ante los juzgados de allí. Y la pregunta salta por sí sola: a partir del día 1, ¿qué pasará?, ¿qué horizonte jurídico nos espera? Honradamente no lo sé y en el fondo si el horizonte fuese sólo jurídico, sería soportable; sí atisbo un panorama de litigios, en especial penales y con proyección sobre un número indeterminado no de alborotadores anónimos, sino de cargos públicos. Además ese frente podría venir por la impugnación mutua de decisiones gubernamentales de segundo grado porque los grandes pronunciamientos quedan del lado del Tribunal Constitucional.

Sí quiero resaltar varias cosas. La primera –y sólo en lo jurídico– que cuando ya todo atisbo de lealtad y responsabilidad se ha esfumado, es un sinsentido tolerar que los responsables de tanta aberración sigan en el ejercicio de sus funciones, porque es absurdo mantener intacta una fuente de la que emana un veneno jurídico, no cegarla y, en cambio, optar por el tortuoso empeño de combatir ante los tribunales todas sus acciones. Mucho nos ahorraríamos si se aplicasen las previsiones constitucionales que permiten intervenir y apartar a esos gobernantes.

Y la segunda, que dejo para mera constancia de la gravedad de la responsabilidad que se asume: hay ya una consolidada doctrina que no ofrece lugar a dudas. El Tribunal Constitucional ha declarado hasta la extenuación que la soberanía no va por regiones, sino que reside en todo el pueblo español; que la Constitución tiene supremacía frente a la normas autonómicas aberrantes o cual es el régimen de las consultas populares, etc. La contundencia de esos pronunciamientos cierra toda duda para entrar de lleno en la mala fe y eso tiene una muy clara lectura penal.

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