200 millones en 2018 para erradicar la violencia de género

El Pacto de Estado comenzará este año con la implementación de 26 medidas prioritarias. Una de las primeras que se aprobará será la suspensión del régimen de visitas en los casos con sentencia firme.

El 2018 se estrenará con el Pacto de Estado contra la violencia de género. No sólo es el primero que se rubrica sobre esta materia; se trata también del primer consenso firmado por todos los partidos políticos desde el año 2000. El acuerdo se daba por hecho después de que, el pasado septiembre, el Congreso de los Diputados aprobara las 213 medidas que lo conforman. Sin embargo, quedaba la ratificación por parte de las Comunidades Autónomas. Finalmente, se aprobó ayer por unanimidad.

Como detalló la ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, el presupuesto destinado a erradicar esta lacra –ayer se confirmó la víctima 47 de este año, la mujer asesinada en Sant Adrià– será de 1.000 millones de euros repartidos en los próximos cinco años: 100 para los ayuntamientos, 400 para el Gobierno central y 500 para las comunidades autónomas–. Para este 2018, la «inyección» presupuestaria será de 200 millones. Una partida que podría producirse de dos formas: bien por los Presupuestos Generales del Estado, que se comenzarán a negociar en enero; bien, en el caso de no producirse un acuerdo sobre los presupuestos, a través de una proposición no de ley. Para este año entrante, los 200 millones quedan desglosados en 100 para las comunidades, 80 para el Gobierno y 20 para los ayuntamientos. Según comentaron ayer algunos consejeros, el presupuesto podría estar listo para el primer trimestre de este nuevo año. De las 213 medidas, el Gobierno ha confirmado que se «priorizarán» 26 en 2018. Se dividirán en nueve ejes y su facilidad o dificultad en la aplicación variará dependiendo de la reformas legales que precisen. Se llevarán a cabo por la Delegación del Gobierno y/o la Comisión Interterritorial en seis grupos de trabajo, dependiendo de qué competencias abarquen. El primer eje versará sobre la prevención de la violencia de género y sexual en todas las etapas educativas, el refuerzo de la inspección educativa, la formación del profesorado y la formación del personal sanitario en detección precoz. Así, Montserrat afirmó que las reformas referentes al ámbito educativo se incluirían en el futuro Pacto de Estado por la Educación.

El segundo eje se centra en la mejora de la respuesta institucional: la acreditación de situaciones de violencia de género para acceder al estatuto integral de protección –para que también se considere víctimas a aquellas mujeres que no interponen denuncia– y la mejora de los protocolos de actuación entre juzgados y administraciones. Mientras, el tercer eje buscará el perfeccionamiento de la asistencia, la ayuda y la protección a las víctimas –sobre todo en los momentos previos a la denuncia–. En este punto se incluirán una serie de protocolos de detección precoz en el ámbito sanitario. Así, cuando el médico sospeche que está ante un caso de violencia, podrá introducir una clave de seguimiento que permita identificar en el historial clínico ese primer indicio.

El cuarto eje tiene como meta la asistencia y protección de los menores. Quizá, la medida más importante será la suspensión del régimen de visitas a los padres maltratadores. Los puntos incluidos en el pacto son dos: la «suspensión del régimen de visitas en todos los casos en que el menor hubiera presenciado, sufrido o convivido con manifestaciones de violencia» y la «prohibición de visitas de los menores al padre en prisión condenado por violencia de género». Según confirmaron a LA RAZÓN fuentes ministeriales, la prohibición se producirá sólo en aquellos casos en los que haya sentencia firme.

Desde el Gobierno no ponen una fecha, pero sí confirman que la medida se implementará este año y que se pretende que sea «de las primeras». Fuentes parlamentarias señalaron además que esta es una de las medidas del Pacto que requiere un cambio legislativo, concretamente del Código Civil y del apartado correspondiente al régimen de visitas.

Además, se prohibirá que el supuesto maltratador acceda a grabaciones de la exploración judicial de sus hijos durante el proceso. Una medida que nace con el objetivo de evitar que el progenitor, tutor del pequeño, trate de controlar la declaración del menor. Por último, en este epígrafe se incluirá la realización de estudios sobre la situación de los menores, así como la formación especializada de quienes trabajan con infancia y adolescencia.

La formación específica de profesionales de la Administración de Justicia, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de abogados y de procuradores y las campañas informativas sobre otras formas de violencia –trata, matrimonios forzados, etc.–, así como un Protocolo común para la actuación sanitaria ante la mutilación genital femenina, serán otras de las novedades para este año.

«Hoy culmina un acuerdo que se inició en noviembre de 2016», afirmó ayer Montserrat. Un pacto «histórico» y que será la «hoja de ruta» en esta lucha.