El aborto generó más de 40 millones de euros para las clínicas

Más del 90% de las interrupciones de 2013 se llevaron a cabo en estos centros.

Salvo en el caso de las menores de 16, que necesitarán autorización paterna, la actual ley del aborto seguirá vigente. Y por tanto, también el negocio en torno a esta industria. Es cierto que la interrupción del embarazo en centros públicos comió terreno a los privados en 2013, según los últimos datos disponibles sobre el aborto. De los 108.690 que se produjeron, 9.745 se practicaron por la sanidad pública, lo que supone casi un 9% del total, y supera un 6,49% del año anterior. Sin embargo, este ligero retroceso en la Sanidad privada no impide que el aborto continúe siendo una importantísima fuente de ingresos. En total, el volumen de negocio supuso en torno a 43 millones de euros de ingresos para los hospitales y las clínicas privadas. Así se desprende de las tarifas de estos centros y del total de abortos que practicaron a lo largo del año. Un ejemplo son los precios publicados por la clínica Isadora que, como el mismo centro afirma, «pueden variar dependiendo de las circunstancias personales y del estado económico de cada mujer».

Por semanas

El aborto de 21 a 22 semanas tiene un coste de 1.655 euros. En España se produjeron 1.064 interrupciones en esas semanas de gestación –325 en hospitales privados y 739 en clínicas–. De esta forma, los ingresos derivados de estas mujeres supusieron en torno a 1,7 millones de euros.

En lo que respecta al periodo de 17 a 20 semanas, un total de 2.512 mujeres optaron por abortar. El precio de media para este periodo es de unos 1.100 euros. Así, el beneficio para los centros privados alcanzó los 2,7 millones. La cantidad ascendió a 3,2 millones –con un precio medio de 565 euros– para aquellas mujeres que se encontraban entre las 13 y las 16 semanas de embarazo, y que constituyeron un total de 5.829.

Con todo, el grupo más numeroso y, por tanto, el que más réditos dio a las clínicas, fue el de aquellas gestantes que se encontraban entre las ocho –o menos– y las 12 semanas de embarazo. En centros hospitalarios privados abortaron 6.945 mujeres –5.000 de ocho semanas o menos y 1.495 de 9 a 12 semanas–. A su vez, pasaron por una clínica 83.045 –61.804 de ocho semanas o menos y 21.241 de 9 a 12–. En total, 89.540 mujeres. Según las tarifas, se trata de la intervención más barata de todas, con un precio medio de 392 euros. Aún así, este conjunto de intervenciones dio lugar a unos ingresos superiores a los 35 millones de euros.

A pesar de que el número de abortos practicados en nuestro país descendió un 3,29% –pasando de 112.390 a 108.690–, lo cierto es que, tras la llegada al Gobierno del PSOE en 2004, el número de estas intervenciones en España subió exponencialmente. Por aquel entonces se registraron 84.985, en 2005 fueron 91.664, en 2006 se practicaron 101.592... así, hasta llegar a la cifra más alta hasta la fecha: 118.359 en 2011. Hay que recordar que, apenas un año antes entró en vigor la «ley Aído». Y, de forma paralela, los ingresos del negocio del aborto han ido aumentando.

«La reducción de abortos ha sido muy pequeña: siguen practicándose 300 al día. Y la mayoría se produce en centros privados. Parece que la crisis no ha perjudicado a la industria del aborto», afirma a LA RAZÓN Ignacio Arsuaga, presidente de HazteOír. Arsuaga recordó que «la mayoría de ingresos que obtienen los centros privados por los abortos vienen de nuestros impuestos». Y es que la «ley Aído» permite el aborto libre hasta las primeras 14 semanas de embarazo, cuando con la anterior legislación «sólo se financiaba por los tres supuestos. Ahora, cualquier aborto antes de la semana 14 se financia con fondos públicos».

Para el presidente de HazteOír, «las empresas abortistas, reunidas en ACAI –Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo– tienen mucha influencia en el PSOE y parece ser que también en el PP. Financian movilizaciones y tratan de proteger un negocio muy lucrativo. Algunas empresas cuentan con varios centros y ganan dinero acabando con la vida de seres humanos que todavía no han nacido». Además, afirma, «evitan darles información a las mujeres acerca de lo que significa el aborto, sobre el procedimiento que van a llevar a cabo... A mayor número de abortos, más dinero ganan».

Con dinero público

En su opinión, «una de las medidas que debería haber aprobado el Gobierno es la retirada de la financiación pública y dedicar ese dinero a la ayuda a las mujeres embarazadas, como había prometido el ministro de Sanidad». Las asociaciones provida tenían esperanzas de que, en todo caso, se aprobara un plan de ayuda para la mujer embarazada. De hecho, Alfonso Alonso habló de la posibilidad de redactar una «ley de la maternidad». Sin embargo, finalmente quedó descartado y las medidas del Gobierno se limitaron a recuperar la obligación de la autorización paterna en el caso de las menores que aborten.

Conrado Giménez-Agrela, presidente de la Fundación Madrina, ONG que ayuda a adolescentes y madres en riesgo, cuenta algunas de las experiencias de las chicas que han atendido. «En las clínicas tienen instrucción de no enseñar las ecografías, quitan el sonido de los monitores para que no se oiga el latido cardiaco del feto... A no ser que las mujeres sean españolas y se lo exijan». Así, Giménez-Agrela comenta que una de estas jóvenes, al preguntar por el bebé, el médico le dijo que «no se veía nada». Cuando se marchó el médico, la joven vió la ecografía: ¿su reacción? «¡Pero si es un bebé!», dijo. «Normalmente, explican que el feto es un amasijo de células y, dependiendo de la usuaria que tengan en frente, le dicen más cosas o menos. No guardan una praxis médica adecuada», asegura. Además, también constatan que en las clínicas «suelen mentir bastante con la edad del feto», de tal forma que se producen «abortos tardíos» que encajen con los periodos de gestación permitidos.