Presunción de inocencia versus pena de telediario

La reciente muerte de Rita Barberá ha removido la conciencia de una parte de la sociedad española al relacionar este trágico desenlace con el periodo de enorme acoso mediático que tuvo que padecer y que colisionó, una y otra vez, con su derecho constitucional a la presunción de inocencia. Creo que los responsables políticos, como representantes de los ciudadanos, debemos hacernos eco de esa reacción y considerar que algo ha fallado; a la vista de las numerosas personas que recuerdan ahora la gran trayectoria política de la que fue alcaldesa de Valencia durante 24 años y lamentan las excesivas “penas de telediario” que padeció al final de su vida por injustas y desproporcionadas.

El Partido Popular si ha entendido la reacción de los ciudadanos y, de manera inmediata, ha llamado a la reflexión sobre la presunción de inocencia, que es un pilar de cualquier estado de derecho pero que, lamentablemente, se está conculcando una y otra vez en el escenario político y mediático.

En la vertiente opuesta, Podemos se ausentaba del minuto de silencio que se guardó en el Congreso y mediante tweets y declaraciones sus máximos dirigentes se decantaron por mantener la cruel pena de telediario a cualquier político incluso después de su muerte. Afortunadamente, la sociedad española también ha reaccionado con severas críticas ante una actitud tan ruin en unas personas que pretenden regir los destinos de España.

Otro partido tampoco ha estado a la altura de las circunstancias y se ha apresurado a manifestar que no considera que se deba hacer reflexión alguna sobre este asunto. Esta afirmación choca especialmente porque su nombre coincide con la palabra “ciudadanos” y parecería coherente que sus responsables tuvieran presente la voluntad de aquellos que le dan nombre. En todo caso, no debe extrañarnos esta posición puesto que sus éxitos electorales se deben, en buena medida, a sacar rédito de los diversos casos de corrupción de los partidos que han gobernado en España desde 1982, aireándolos continuamente en el foro político y en los medios de comunicación. Aprovechando la lentitud de la justicia en pronunciarse sobre procesos especialmente complejos, intentan multiplicar hasta el infinito la inaceptable corrupción que ha existido, generando un clima de desconfianza sobre los partidos tradicionales con un claro interés electoral.

Desde luego, todos los que estamos en el mundo de la política nos avergonzamos de los casos de corrupción que han sucedido en España, especialmente cuando acaecieron en el partido en que militamos, pero lo que no es de recibo es que haya partidos que pretendan que su única aportación a la gestión de la cosa pública sea recordar una y otra vez los casos de corrupción del pasado. Lo que se debe hacer contra esta lacra es, en primer lugar, tomar todas las medidas posibles para evitarla, algo que tanto el Gobierno de España como el Gobierno de la Comunidad de Madrid han ejecutado de manera decidida en los últimos años, y, en segundo, practicar la tolerancia cero frente a los casos que puedan sobrevenir.

Confío en que todas las formaciones reconsideren su posición y reflexionen con seriedad tras los dolorosos hechos sucedidos en el caso de Rita Barberá y en otros muchos supuestos de personas que han sido ajusticiados públicamente sin ningún tipo de pronunciamiento judicial en su contra. La lamentable situación que atraviesa el derecho constitucional de la presunción de inocencia en la política española, lleva a recomendar a los partidos de la nueva política que centren su actividad en realizar propuestas de interés para mejorar la vida de los ciudadanos y que no se empeñen en enfangarse, y enfangar a todos, en el barrizal de la corrupción por un puñado de votos.