ANC y Òmnium, multadas de nuevo con 90.000 euros por Protección de Datos

Protección de Datos ha multado a la ANC y Òmnium Cultural con una nueva sanción de 90.000 euros, que se suma al reciente embargo de 240.000 euros que les impuso en febrero por la 'Gigaenquesta' que hicieron las entidades soberanistas en 2014.

Òmnium Cultural y la Assemblea Nacional Catalana han recibido una nueva sanción de 90.000 euros de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que se suma al embargo, ahora hace pocos días, de 240.000 euros que recibió cada entidad, primero la ANC el pasado 9 de febrero y al día siguiente Òmnium. Mediante un comunicado conjunto, las dos organizaciones soberanistas aprovecharon para sacar rédito de la situación ante los suyos y aseguraron que el Estado «continúa con la estrategia de intentar ahogar económicamente las entidades para detener el referéndum», y por eso insistieron en que se trata «nuevamente de una multa política», Por lo que no la reconocen y la recurrirán, según explicaron vía Twitter.

Así las cosas, ayer recibieron la notificación de otra sanción económica por parte del Estado, en este caso de 90.000 euros de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), por tener una base de datos «inoperativa» en Estados Unidos. La sanción se suma a otra multa reciente de 240.000 euros por la gigaencuesta soberanista que estas dos entidades realizaron con voluntarios en miles de domicilios de ciudadanos poco antes de la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014. Òmnium y la ANC atribuyeron las sanciones a «una estrategia del Estado de intentar ahogar económicamente a las entidades para frenar el referéndum» de independencia en Cataluña, y advirtieron de que «se trata nuevamente de una multa política aplicada con criterios ideológicos», motivo por el cual recurrirán la nueva sanción.

«Persecución»

«En menos de un mes cada entidad ha sido sancionada por un importe total de 330.000 euros», lamentaron las entidades, antes de precisar que la última de 90.000 «se trata de un claro ejemplo de la persecución que ya hace meses que el Estado practica hacia las entidades soberanistas aplicando medidas sancionadoras de excepción».

Apuntaron, además, de que se trata de una sanción «sin precedentes en España» porque la multa, señalaron, «se impone por tener una base de datos inoperativa en Estados Unidos durante el período de tiempo en el que se estaba definiendo el nuevo protocolo internacional sobre datos de alojados en aquel país», señalaron las entidades.

«De bases de datos como estas tenían muchas otras empresas de actividades diversas», han asegurado las entidades antes de añadir que «han cumplido rigurosamente con la normativa existente en cada momento».