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Pujol Jr. declarará de nuevo acuciado por una posible solicitud de prisión

La Fiscalía ya pidió sin éxito el ingreso en la cárcel de su hermano Oleguer por ocultar fondos

  • Jordi Pujol Ferrusola
    Jordi Pujol Ferrusola

Tiempo de lectura 4 min.

18 de abril de 2017. 01:36h

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Jordi Pujol Ferrusola, «Junior», declarará el próximo martes por tercera vez como investigado en la Audiencia Nacional, esta vez para dar explicaciones en relación al último informe de la UDEF, que sostiene que el hijo mayor del ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol ha ocultado 14 millones de euros desde que está siendo investigado por la Justicia.

Precisamente la ocultación de fondos por parte de uno de sus hermanos, Oleguer, llevó a la Fiscalía Anticorrupción a solicitar el ingreso en prisión del benjamín de la familia el pasado 12 de enero, una medida que sin embargo el magistrado José de la Mata rechazó, limitando las medidas cautelares adoptadas a la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado más próximo a su domicilio, similares a las que ya impuso el instructor a «Junior» en febrero del pasado año, tras su segunda comparecencia como investigado por delito fiscal y blanqueo.

A la espera de lo que haga la Fiscalía en esta ocasión –una decisión que aún no está tomada– la acusación popular que ejerce Podemos podría incluso solicitar, según las fuentes consultadas, el ingreso en prisión de Pujol Ferrusola si finalmente Anticorrupción da un paso atrás. Aunque, a diferencia de lo que hizo con Oleguer, el Ministerio Público podría optar ahora por pedir el ingreso en la cárcel eludible con el pago de una elevada fianza, acorde con las cantidades que supuestamente ha ocultado en el extranjero.

La reiteración delictiva es el único argumento de peso que podrían esgrimir las acusaciones para solicitar esa medida de privación de libertad, dado que el posible riesgo de fuga no parece defendible en la medida en que Pujol Ferrusola ha cumplido escrupulosamente con la obligación de comparecer semanalmente en el juzgado que le impuso De la Mata hace algo más de un año.

reiteración delictiva

Pero la resolución en la que el instructor del «caso Pujol» rechazó el ingreso en prisión de Oleguer da alguna pista sobre los argumentos que pueda esgrimir De la Mata. En aquella ocasión, el magistrado no consideró suficiente la ocultación de fondos porque, pese a su renuencia a colaborar con la Justicia –una conducta que calificó de «incómoda pero perfectamente legítima»– y a la constatación de que había ocultado fondos cuando ya estaba siendo investigado, no apreció riesgo de reiteración delictiva.

En el caso de Oleguer, De la Mata expuso que la transferencia de fondos se había producido un año atrás, en 2015, y recordaba que la Audiencia Nacional cuenta con medios suficientes para constatar si llevaba a cabo maniobras «para ocultar fondos de procedencia ilícita» o si, por el contrario, se limitaba a llevar a cabo actividades lícitas con fondos ya regularizados ante Hacienda.

Es esa cautela garantista del magistrado la que, precisamente, puede hacer a la Fiscalía la conveniencia de pedir prisión incondicional para el mayor del clan Pujol (una medida que estaría en consonancia con la solicitada para su hermano pequeño, y más teniendo en cuenta que «Junior» ha sido el encargado de gestionar y multiplicar el patrimonio oculto de la familia Pujol en Andorra).

El informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía que llevará a Pujol Ferrusola ante el juez concluye que desde 2012 «Junior» y su ex esposa Mercé Gironés «están siguiendo una estrategia insistente y continuada de despatrimonialización en España tendente a sustraer activos patrimoniales», previsiblemente hacer frente al posible pago de responsabilidades civiles.

La UDEF calcula que los capitales que ambos han evadido fuera de nuestras fronteras desde el comienzo de la investigación (entre otros, derechos de cobro en el extranjero, los fondos evadidos desde Andorra a México en el año 2014 y préstamos de sociedades pantallas que «en buena lógica económica debieran haberse reintegrado a España») ascienden a 9.461.861 dólares y 5.242.607 euros.

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