La Constituyente activa la caza de brujas contra los opositores venezolanos

La Inteligencia bolivariana registra la vivienda de la ex fiscal Luisa Ortega, hora después de que el chavismo quitara la inmunidad a su esposo.

Ya ha comenzado a funcionar el nuevo órgano inquisidor con el que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, pretende acometer su particular caza de brujas. Se espera una persecución implacable hacia los líderes de la oposición con el fin de inhabilitarlos de cara a las futuras regionales. Una poderosa comisión que juzgará a los responsables de la «violencia política» en Venezuela se instaló ayer en Caracas por decisión de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), integrada únicamente por oficialistas, según confirmó la presidenta de ese organismo, Delcy Rodríguez.

La funcionaria, ex canciller del Gobierno de Maduro, también preside esta instancia que lleva por nombre «Comisión para la Verdad, la justicia, la paz y la tranquilidad pública», que celebró ayer su primera sesión de trabajo en el Palacio Federal Legislativo, sede del Parlamento que es controlado por la oposición. Como primera medida se pidió la retirada de la inmunidad al diputado Germán Ferrer por sus presuntos vínculos con una red de «extorsión» durante la etapa de su esposa, Luisa Ortega Díaz, al frente del Ministerio Público. Ortega fue apartada de su cargo por ser crítica con el chavismo y, ayer, el Servicio de Inteligencia de Venezuela (Sebin) registró su vivienda de Caracas en busca de pruebas para culpar al matrimonio de algún delito. «Esto es parte de la venganza de este Gobierno por luchar contra el totalitarismo que existe en el país», dijo Ortega en Twitter.

«Hemos decidido abrir una investigación contra las personas responsables de los hechos de violencia acaecidos en el año 2017, por la gravedad, por lo que se generó por los crímenes de odio», dijo la presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez, que mostró durante su intervención una foto del diputado opositor y vicepresidente del Parlamento Freddy Guevara junto a uno de los jóvenes de la llamada «resistencia», quienes se enfrentaron a las fuerzas de seguridad durante estas protestas antigubernamentales, en las que murieron más de 120 personas.

Como pruebas para iniciar esta investigación Rodríguez citó tener recopilados: tuits, mensaje por las redes sociales, fotografías de líderes de la oposición venezolana responsables de la convocatoria y organización de los eventos violentos en Venezuela, dijo. “Venezuela estuvo durante más de tres meses acostumbrada al tipo de imágenes donde un diputado de la república se dedicó a propiciar y promover los hechos violentos con fines políticos», indicó refiriéndose a una foto de Guevara convocando a protestas.

Pese a la negativa de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que no reconoce esta comisión impulsada directamente por el presidente, el oficialismo espera la participación de tres diputados opositores del Parlamento, que deberían ser propuestos por las fuerzas políticas que se oponen a la llamada revolución bolivariana. Maduro ya ha advirtió de que si no acuden a la cita, los sentará a la fuerza por decreto. El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, califica como un atropello a los derechos humanos la creación de esta comisión, al considerar inaceptable que un órgano político se atribuya funciones judiciales.

La lista negra

Además, este organismo también decidirá qué candidatos pueden presentarse a las elecciones a gobernadores en octubre, en las que la oposición aspira a arrebatar el poder regional al chavismo. Según la presidenta de la Constituyente, Delcy Rodríguez, este órgano plenipotenciario ha solicitado al Poder Electoral un listado completo de quienes se han inscrito, «a fin de determinar si algunos de los postulados está incurso en algún hecho de violencia que haya afectado la paz y la tranquilidad pública». «Tenemos que prevenir que la sociedad venezolana sufra las consecuencias de personas que ocupen cargos y utilicen los cargos con fines desestabilizadores», dijo Rodríguez.

La MUD denuncia que dicha comisión debería de tratar el estado de los 500 «presos políticos», entre ellos Leopoldo López, condenado a casi 14 años de cárcel acusado de incitar a la violencia en manifestaciones contra Maduro que se cobraron 43 vidas en 2014. Sin embargo la situación de estos reclusos podría incluso agravarse. Según ha confirmado la defensa de López a LA RAZÓN, temen que el traslado del líder de Voluntad Popular a su vivienda, bajo arresto domiciliario, sea una estrategia para llevarlo ante la «Comisión de la Verdad». En la lista negra de este nuevo órgano chavista tamibién están el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, y el vicepresidente Freddy Guevara.