Elecciones municipales

La izquierda atrincherada

La Razón
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La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, pretendió ayer finiquitar el escándalo que acompaña a su equipo de gobierno con un desenlace pactado con el responsable de Cultura y Deporte, Guillermo Zapata, autor de los comentarios más abyectos sobre los judíos, las víctimas de ETA o Marta del Castillo. Zapata renunció a continuar en el departamento reseñado, pero confirmó que seguirá en el consistorio al frente de la Junta de Fuencarral-El Pardo. Volvió a pedir perdón por sus tuits y reiteró que no es antisemita y que rechaza todo tipo de violencia, pero su rectificación sólo ha llegado después de que la tormenta política pusiera en peligro su poltrona pública y no antes. Cualquiera podría pensar que el concejal no está dispuesto a ceder su cargo por nada ni por nadie y que su escala de valores se modula en función de su conveniencia y la de su grupo, como de hecho ha quedado patente en las reacciones de los portavoces de la extrema izquierda, incluido Pablo Iglesias, que le puso ayer mismo como un referente ejemplar. Habría que haber escuchado a estos mismos que han justificado los tuits de Zapata si el autor hubiera pertenecido al PP. Que el concejal se arrepienta le servirá como acto de contrición personal, pero el Ayuntamiento de Madrid es una institución que representa a millones de personas y que no puede tener entre sus ediles a un personaje de acción y retórica violentas –participó en escraches– al que le gusta el humor negro y cruel. Decíamos ayer que Manuela Carmena se jugaba en buena medida la credibilidad de su discurso de regeneración y de ética en este asunto. Ha demostrado que no se puede confiar en ella con un paripé indigno y unas valoraciones más impropias todavía: «Mis concejales han cambiado y los quiero a todos conmigo». Pero si los casos de Zapata o Pablo Soto –concejal de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto que publicó dos tuits en 2013 en los que incitaba a «torturar y matar» a Ruiz-Gallardón, y que tampoco se va– no eran suficientes, se suma el de Rita Maestre, la portavoz de Carmena en el Ayuntamiento, que, como adelanta hoy LA RAZÓN, se enfrenta a la petición de la Fiscalía de un año de cárcel por el asalto a la capilla de la Universidad Complutense. Se le acusa de un delito contra los derechos y libertades fundamentales como es el de actuar contra la libertad de conciencia. Maestre concurrió a las elecciones cuando ya estaba imputada, lo que da una idea de cómo entiende la extrema izquierda el concepto de responsabilidad política. Por lo demás, el papel del PSOE, como socio, no es irrelevante. Si acepta esta componenda, Sánchez y Carmona serán cómplices de un gobierno que los madrileños no merecen, y que ha llegado más para servirse de la institución que para servir a la gente.