Los cuatro meses de silencio de Óscar Puente tras la denuncia a su alto cargo

Los siete vigilantes que denunciaron a una alto cargo de Óscar Puente no han sido citados por los responsables del Ministerio de Transportes. Son cuatro meses de silencio desde que se presentó el primer documento en el canal de comunicaciones internas que refleja el poco o nulo interés que han tenido para ahondar en unos hechos graves, tal como explican fuentes sindicales a LA RAZÓN.

El inicio de la "cascada" de escritos se produjo en enero. Una primera llamada de atención de los hechos que se estaban produciendo en el sino del complejo de Nuevos Ministerios. No hubo respuesta por parte del ministerio de Óscar Puente. La insistencia de los trabajadores generó que en marzo se abriera una investigación por parte de la Dirección General de Organización e Inspección.

Lo que podría ser considerada como una buena noticia para los denunciantes no lo fue tanto. Y es que al frente de las diligencias se encuentra una "persona de la confianza" de Belén Villar, que es precisamente la alto cargo señalada por los empleados, señalan fuentes de los trabajadores. "Están filtrando toda la información para buscar la manera de echarnos de nuestros puestos de trabajo, ocultan los datos y falsifican documentos", señala uno de estos empleados en un escrito del 10 de abril.

Asimismo, la directora general de organización e inspección está considerada por el sindicato UGT como la líder de un "grupo organizado" en Transportes. Otras voces críticas la señalan al frente de las denominadas "cloacas" del ministerio por las acciones que ha ordenado en los últimos tiempos. "Vulneran la Ley de Seguridad Privada continuamente", afirma otra de las denuncias.

El "paso adelante" de Óscar Puente

Uno de los problemas que se han encontrado los denunciantes es que se sienten "perseguidos" desde que el mes de abril presentaran todos los escritos en el canal de comunicación interna. Después de esta acción, el ministerio tenía un plazo para responderles. No se ha producido esta acción lo que ha incrementado la inquietud de todos ellos.

Desde que LA RAZÓN comenzara a publicar las denuncias de estos vigilantes la tensión se ha apropiado de las entrañas del ministerio. Tanto los funcionarios como el personal externos solicitan que se tomen medidas y están a la expectativa de saber "qué movimientos se van a dar". De forma interna, piden a Óscar Puente que de un "paso adelante" y ataje los problemas que se están generando.

Una de las principales quejas es que "todas las denuncias no han dado provocado ningún movimiento en Transportes". "Se tendría que haber actuado porque la seguridad del complejo recae en las manos de estos trabajadores que tienen una importancia vital en el devenir de la infraestructura", afirma uno de los empleados a LA RAZÓN.

Todos los denunciantes coinciden en defender que este caso que denuncian no es un "tema político" simplemente advierten de una serie de irregularidades que se están produciendo y de las que han sido testigo. "Arriesgamos, y lo seguiremos haciendo, nuestras vidas si es necesario para preservar la seguridad. Nos parece una injusticia que pidamos ayuda a un organismo y se laven las manos", añaden.

El eslabón más débil del ministerio

De la misma forma, los empleados aseguran que son conscientes de que son el "eslabón más débil". "Nos quieren hacer daño por exponer verdades", añaden a la vez que esperan que la situación se resuelva en las próximas fechas.

Estos trabajadores presentaron más de media docena de escritos en los que comunicaban a sus superiores que Villar y los jefes de seguridad habrían "recibido a empresas para negociar" por el contrato de vigilancia que se publicó sin las bases del concurso pero luego se hizo efectivo en abril. Incluso citan visitas al complejo con coches rotulados de las sociedades a las que representan. Todo de un procedimiento que aún se encuentra en fase de estudio pero son muchas las voces internas en el complejo que ya dan por hecho qué empresa se hará cargo del mismo.

Cabe reseñar, que los escritos se presentaron las semanas previas a que saliera publicado los requisitos que tienen que cumplir las empresas que opten a este contrato que supera los diez millones de euros. Otro de los datos importantes es que la auditoría realizada por Villar de la etapa de José Luis Ábalos desaconsejaba la "declaración de urgencia" de las licitaciones para que no hubiese trato de favor. Una circunstancia que no le ha importado ahora para sacar a licitación este servicio argumentando que no hay presupuestos para este año.