Buscando justicia desde las cinco de la mañana

Junto a trajín habitual de juicios, vistas y citaciones, los juzgados andaluces acogen cada día la presencia de numerosas personas que demandan asistencia jurídica gratuita. Se trata de un servicio, constitucionalmente reconocido, que proporciona asesoramiento, asistencia y representación legal en procedimientos judiciales, además de otras exenciones y reducciones de pago. Para acceder a él el solicitante deberá tener unos ingresos anuales inferiores a 14.910 euros. En el caso de las empresas, la base imponible en el Impuesto de Sociedades tendrá que ser inferior a 22.365 euros en el cómputo anual. De esta manera, si el solicitante reúne todos los requisitos, se le asignará un abogado de turno de oficio y un procurador, sin que tenga que pagar cantidad alguna durante el procedimiento, salvo que así lo requiera el Colegio de Abogados o la Administración correspondiente. En el caso de ganar el procedimiento, el afectado cobrará de la parte contraria –si hay costas– y en caso de perder o ganar parcialmente la reclamación le corresponderá abonar la minuta del abogado al Estado. Un total de 300.000 andaluces, según las estimaciones de la Junta, hacen uso cada año de este servicio.

Sin embargo, no es fácil acceder voluntariamente a un letrado de oficio, dada la gran demanda existente como consecuencia de la crisis. En los últimos años se han multiplicado las solicitudes y, pese a las promesas de las administraciones de fijar unos requisitos más laxos, la prolija documentación requerida convierte este derecho en un quebradero de cabeza. En Sevilla, por ejemplo, se forman cada día largas colas en las inmediaciones de la Audiencia Provincial desde las cinco de la mañana para conseguir número. Se reparten un total de 50, así que el que queda fuera del cupo ya no puede ser atendido ese día y debe posponer la gestión. A partir de las 9:00 horas se abren las puertas de la Audiencia y comienzan a ser atendidas las peticiones.

Tan sólo en Sevilla, casi 2.000 abogados están adscritos al turno de oficio, un tercio de los letrados colegiados, tal y como asegura José Joaquín Gallardo, decano del Colegio de Abogados. Gallardo recuerda que este servicio también contempla una atención específica para los menores infractores, la violencia de género, los extranjeros y los reclusos. Tras un largo periodo de impagos y retrasos, la Junta regularizó el abono de las cantidades a los abogados a finales del año pasado y, según recuerda Gallardo, en enero «ya se puso al día, incluso anticipando cantidades». Sin embargo, el colectivo reclama mejores retribuciones porque «durante la crisis se han mermado mucho», además de otras consideraciones a los letrados por parte de la Administración.

De cara a este año la Consejería de Justicia se comprometió a elaborar un nuevo Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita para adaptarlo al nuevo marco normativo estatal, así como una instrucción que determinara criterios de acceso «para evitar la discriminación por razones geográficas». Junto a ello, planteó también la simplificación de documentación, normalizándose los actuales modelos de solicitud, así como el desarrollo de un sistema informático de gestión. El departamento que dirige Emilio de Llera recuerda que ya en 2013 se modificó el reglamento, aprobado en 2012, contemplándose novedades que «incidieron en el ahorro en los gastos de funcionamiento y en el nuevo sistema de pago, por trimestres vencidos». También modificó la ley 1/1996 y estableció «una casuística más amplia para el reconocimiento del derecho a más personas».

37 millones de inversión en 2015

La Consejería de Justicia presupuestó para este año un total de 37.300.000 euros para la asistencia jurídica gratuita, una cantidad muy similar a la que se consignó en 2014. Precisamente, el año pasado se facturaron en Andalucía 230.076 turnos de oficio en todos los órganos jurisdiccionales, predominando la jurisdicción penal, en la que los abogados de oficio intervinieron en 130.411 asuntos. En el caso concreto de los pleitos matrimoniales, los letrados actuaron en 31.077 casos.